Nuevas irregularidades en el Caso Unión
El juez Pamparacuatro dejó sin firmar 93 autos del caso Unión ordenando detenciones, registros y otras actuaciones
Texto y foto: Lancelot Digital
Continúan surgiendo sorpresas e irregularidades en el sumario del caso Unión, iniciado por el juez César Romero Pamparacuatro, tal y como informa el diario Canarias 7. A la anulación de registros o las acusaciones de falseo de pruebas se suman 93 órdenes de todo tipo de actuaciones sin su firma. La actual titular quita hierro y ve un «error material involuntario».
Las 93 ordenes sin firma del juez se dan en la pieza de la llamada operación Jable, efectuada en la primavera de 2010, y se han detectado tras una revisión parcial de sólo diez tomos de los 68 de que se compone el sumario, por lo que pueden aparecer muchas otras en el resto del sumario.
La mayoría de las mencionadas irregularidades afectan a derechos fundamentales de las personas, como registros domiciliarios a la exalcaldesa de Arrecife, María Isabel Déniz; una exconcejal de Arrecife, Luisa Blanco; el jefe de la Oficina Técnica del Ayuntamiento de la capital, Rafael Arrocha; los empresarios Julio Romero, Manuel Spínola, Jacinto Álvarez, Demetrio Rodríguez y José Luis Betancort; la consejera del Cabildo María José Docal; o el exedil de Arrecife Antonio Machín.
Además hay órdenes de detención como la de la actual consejera del Cabildo del PIL, María José Docal; los empresarios Eduardo Ferrer, Pedro Manuel Rodríguez García o Demetrio Rodríguez o el abogado Felipe Fernández Camero, y ordenes de investigar cuentas bancarias, de apertura de cajas fuertes y averiguar la titularidad de cajas de seguridad de 42 oficinas bancarias.
Se incluyen, tal y como continúa informando Canarias 7, también requerimientos a joyerías o marcas, como Loewe o Rolex, de información de compras de clientes, citaciones de imputados y prórrogas del secreto de sumario. Además hay sin firma órdenes de puesta en libertad de detenidos, mandatos de careos entre imputados, traslados de detenidos desde la Península, como al directivo de FCC Jean Stephane Valverde; y requerimientos a la Agencia Tributaria y otros organismos sobre detenidos.
La defensa de los imputados considera que «a la vista de tantas ordenes sin rúbrica, resulta indudable que no estamos ante un mero error u olvido en la firma de alguna resolución, por lo que legalmente procede mantener las resoluciones tal cual están, a efectos de que cada parte
valore las consecuencias jurídicas».
