Oswaldo Betancort le cierra el grifo a Canal Gestión

Se inicia el proceso de rescindir el contrato a la empresa madrileña del agua “por incumplimientos”

La decisión de rescindir el contrato con Canal Gestión Lanzarote demuestra para muchos la valentía política del presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, que en este caso ha contado con el apoyo unánime de todos los Ayuntamientos. Para llegar hasta aquí el Consorcio del Agua se ha pertrechado de un informe jurídico-técnico que pone al descubierto, de forma documentada, los incumplimientos del contrato por parte de la concesionaria de la gestión del agua potable y el saneamiento en Lanzarote y La Graciosa. El plazo para resolver definitivamente el contrato es de 8 meses, pero Canal Gestión estará obligada a seguir prestando el servicio hasta tanto no haya una nueva gestión ya sea pública, privada o mixta. Una decisión que el Psoe de Dolores Corujo barajó cuando gobernaba el Cabildo pero que no se atrevió a dar el arriesgado paso.

Tras la decisión unánime del Consorcio del Agua de Lanzarote de rescindir el contrato con Canal Gestión se abren tres opciones para seguir dando el servicio de agua potable y saneamiento a la ciudadanía: la gestión pública, que pierde fuerza, la gestión privada, como la que lleva actualmente la concesionaria o una empresa mixta público-privada que se beneficie de los recursos del sector privado, manteniendo al mismo tiempo un control público sobre un recurso esencial como el agua.

El presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, ha solicitado a los servicios jurídicos de la corporación insular y del Consorcio del Agua que elaboren un informe económico sobre la viabilidad de los tres modelos de gestión. A priori, lo que se sabe, es que desde la propia Intervención del Cabildo ven casi imposible una gestión pública del agua porque incumpliría la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera que es la principal norma que regula el control del gasto público al menos de momento.

La Administración Pública no podría asumir la contratación de los 200 trabajadores aproximadamente que tiene Canal Gestión, pero desde el Cabildo, tanto el presidente como el consejero de Aguas, Domingo Cejas, han reiterado que no peligran los puestos de trabajo de esas 200 familias porque en la gestión privada o mixta una condición irrenunciable será la subrogación de los trabajadores.

Oswaldo Betancort asegura, respondiendo a los que le critican que no iniciara el proceso de resolución del contrato con anterioridad, que “hasta la llegada de este grupo de gobierno no se había hecho seguimiento del contrato y de las inversiones. A principio de Legislatura nos encontramos que, de los 12 lotes de inversión del contrato presentados para su justificación entre noviembre de 2015 y diciembre de 2022 por Canal Gestión, únicamente los dos primeros habían sido sometidos a comprobación técnica, por lo que se ha tenido que desarrollar una labor intensa por los técnicos para culminar el análisis final de las inversiones presentadas por Canal”.

El precedente desastroso de Inalsa

Al margen de que legalmente sea imposible que el Consorcio del Agua de Lanzarote asuma la gestión del ciclo integral del agua, lo cierto es que el nefasto precedente de la gestión pública, realizada por la empresa pública Insular de Aguas, S.A. en los años previos a su quebranto económico, es lo que nos ha llevado a la situación actual.

Si bien la aparición de Canal Gestión Lanzarote en el año 2013, tras la quiebra económica de Inalsa y la posterior intervención judicial, supuso la salvación del servicio, el pago a los proveedores y el inicio de inversiones en el ciclo integral del agua, con el tiempo se ha demostrado que Canal Gestión ni realizó las inversiones previstas en el contrato, hizo otras no incluidas en el acuerdo y, sobre todo, no disminuyó las pérdidas en la red de distribución hasta el 30 por ciento como estaba estipulado.

Actualmente se pierde el 56 por ciento del agua producida, llegando incluso, como en el año 2021, a que 6 de cada 10 litros de agua desalada se perdieran en el trayecto y no llegaran a los hogares de la ciudadanía. Estas son fundamentalmente los incumplimientos de obligaciones esenciales que han provocado el inicio del procedimiento para rescindir el contrato.

¿Una nueva licitación o una empresa mixta?

Si partimos de las experiencias previas en la gestión del agua llegamos a una conclusión: la gestión pública fue un desastre, la gestión privada otro desastre, luego cabría esperar que el modelo de la empresa mixta pueda ser una solución viable como pasa en otros Comunidades Autónomas o en otros Ayuntamientos.

Sin irnos muy lejos tenemos el ejemplo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. En la capital grancanaria, que gobierna la alcaldesa y ex ministra de Sanidad, Carolina Darias, en un pacto con Nueva Canarias y Podemos, del ciclo integral del agua lo gestiona una Empresa Mixta de Aguas de Las Palmas de Gran Canaria, S.A. (EMALSA).

En EMALSA el Ayuntamiento posee el 34 por ciento del capital social, mientras que los socios privados controlan el 66 por ciento restante dividido equitativamente entre la empresa francesa SAUR, especializada en servicios de agua, y la sociedad Nuinsa Inversiones, S.L, un fondo de inversión sueco.

Pero hay muchos otros ejemplos de empresas mixtas que funcionan y que permiten a los ayuntamientos o a las administraciones aprovechar la experiencia y recursos del sector privado, manteniendo al mismo tiempo un control público sobre un recurso esencial como el agua.

También se dan este tipo de fórmulas público-privadas en Santa Cruz de Tenerife con EMMASA, Teideagua en La Laguna y Tacoronte, EMIVASA en Valencia o Aguas de Lorca en Murcia, por poner sólo algunos ejemplos.

Lo que alega Canal Gestión

Canal Gestión Lanzarote se ha reafirmado públicamente, a través de un comunicado, en el “cumplimiento rotundo de sus obligaciones contractuales con el Consorcio del Agua” y le acusa a esta entidad de “invalidar el elevado esfuerzo inversor realizado” por la filial de Canal Isabel II.

Se acoge Canal Gestión, y eso formará parte de sus alegaciones, para las que ha pedido un incremento del plazo hasta el 12 de mayo, a que el Consorcio es el titular de las redes de distribución de agua y, por tanto, responsable de la inversión en renovación y nuevas infraestructuras, mientras que Canal Gestión opera y mantiene las instalaciones incluidas en el contrato de concesión.

Sin embargo, en el contrato de gestión del ciclo integral del agua, no hay un compromiso del Consorcio sobre inversiones, luego tampoco habría incumplido el contrato.

Tampoco tendría mucho sentido por parte de Canal Gestión alegar que no se han subido las tarifas del agua, después del quinto año, como estaba establecido en el contrato, puesto que el acuerdo también establecía que esas subidas debían ser refrendadas por la Comisión de Precios de Canarias que ya ha informado en contra del alza de las facturas dado el nivel de pérdidas en la red.

Los incumplimientos de las obligaciones esenciales del contrato

-Entre los incumplimientos graves que motivan la resolución del contrato destaca el objetivo principal del acuerdo contractual de reducir las pérdidas al 30% tras los primeros 5 años del contrato, esto es a partir de 2018.

-Se ha incumplido, por tanto, señala el informe de la técnico encargada del contrato, el Plan de Explotación que ha llevado a que las pérdidas de agua sean superiores al 56 por ciento, muy lejos del objetivo requerido.

-Canal Gestión Lanzarote ofertó una inversión finalista de 54.455.128,00 €, pero de lo comprometido sólo ha ejecutado 32.633.088,09 €, quedando una infra inversión que no ha podido ser justificada por importe de 21.822.039,91 €

- Ha realizado la modificación unilateral de inversiones y ejecución de obras no contempladas en la oferta inversora.

-Tampoco se ha cumplido con el Plan de Explotación ofertado por el propio Canal que se refleja en la inacción para la detección de fugas, lo que habría contribuido de forma decisiva a la reducción de las pérdidas en la red.

- No ha liquidado el canon variable (Canon C) por deducciones fiscales aplicadas, con una deuda estimada por el Consorcio del Agua de 833.000 euros

- Ni tampoco ha cumplido con la obligación de prestar el servicio de forma continuada, que se refleja en los continuos, numerosos y reiterados cortes de suministro a núcleos de población completos.

- Se incumple igualmente la obligación de no subcontratar los servicios que le son propios a la concesionaria como el de saneamiento.

- La concesionaria no ha proporcionado información a requerimiento del Consorcio, así como la presentación de los documentos con las memorias anuales de los servicios realizados.

El calendario de la ruptura

-La Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) estipula un periodo máximo de 8 meses para la resolución final del contrato que tendría que darse antes de que acabe 2025.

-La Asamblea General del Consorcio aprobó también un plazo de 10 días hábiles para que Canal Gestión presente alegaciones o documentación sobre el expediente, que a solicitud de la concesionaria se ha ampliado hasta el 12 de mayo.

-Posteriormente, una vez analizadas las alegaciones, el Consorcio realizará una propuesta de resolución definitiva que será enviada al Consejo Consultivo de Canarias para que emita un dictamen que es preceptivo, pero no vinculante.

-El Consultivo tiene un plazo de 40 días para emitir informe que será determinante a la hora de poder resolver el contrato.

-En este plazo de 8 meses el Consorcio del Agua de Lanzarote está trabajando a marchas forzadas en la redacción de un nuevo pliego de condiciones para una nueva licitación si finalmente se opta por la gestión privada.