Otra de las piezas de 'Unión', a juicio el lunes

La Fiscalía pide seis años de cárcel para José Miguel Rodríguez, Carlos Sáenz y Juan Arrocha por pagos presuntamente fraudulentos a una empresa de electricidad, cuyo administrador también está imputado

Lancelot Digital

La pieza del caso 'Unión' en la que se investiga el pago de más de 250.000 euros a la empresa de electricidad Proselan se juzgará la próxima semana. Concretamente, será el lunes y el martes cuando en el banquillo de los acusados se sienten el entonces concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Arrecife, José Miguel Rodríguez, el interventor del Consistorio, Carlos Sáenz, el ingeniero jefe de la Oficina Técnica, Juan Rafael Arrocha, y el empresario José Daniel Hernández.

La Fiscalía pide seis años de prisión para Rodríguez, Saénz y Melero, acusados de un delito continuado de prevaricación administrativa, fraude y malversación de caudales públicos, así como la inhabilitación absoluta durante 10 años. Para José Daniel Hernández, aunque también se le acusa de un delito continuado de falsedad en documento mercantil, se solicitan cinco años y seis meses, al no ostentar la condición de autoridad o funcionario público.

Según el escrito de acusación, también se solicita que los cuatro acusados devuelvan al Ayuntamiento el dinero presuntamente defraudado de forma "conjunta y solidaria", que asciende a 251.293,60 euros, "siendo responsable civil y subsidiaria Proselan en la cuantía de 126.674,10 euros".

Un "plan" para "expoliar fondos públicos"

El fiscal sostiene que los cuatro acusados "idearon un plan que tenía por objeto la arbitraria expoliación de fondos públicos del Ayuntamiento de Arrecife" para que al menos el acusado José Daniel Hernández "obtuviera un enriquecimiento patrimonial ilícito". "Con el fin de justificar la referida obtención ilegal de fondos municipales, los acusados crearon la apariencia de que se iban a prestar determinados servicios de iluminación y otros de electricidad en diferentes fiestas de la ciudad de Arrecife, a sabiendas de que los referidos servicios nunca iban a ejecutarse, creando para ello la ficción de que se adjudicaban los mismos por el procedimiento de adjudicación directa o contrato menos al acusado José Daniel Hernández o a la sociedad administrada por éste, Proselan, con pleno conocimiento de que por la cuantía de los referidos servicios no cabía legalmente adjudicación directa al exceder del límite legal de 18.000 euros", añade.

Todo ello, según Fiscalía, se hizo "sin justificar la necesidad de la externalización de tales servicios y la consiguiente contratación pública, de forma que se enmascarase el verdadero fin pretendido, sin tramitar realmente para ello ningún expediente administrativo de contratación legalmente exigible que garantizase la transparencia, objetividad, igualdad, concurrencia y legalidad en su adjudicación, y soslayando íntegramente la normativa administrativa reguladora del abono de obligaciones contraídas por el Ayuntamiento establecidas en las Bases de Ejecución del presupuesto Municipal".

En total, se llegaron a presentar "hasta catorce facturas por un importe total de 349.159,90 euros" entre el 2 de diciembre de 2008 y el 21 de abril de 2009, "abonándose el 26 de diciembre de 2008 por el Ayuntamiento de Arrecife cinco facturas al acusado José Daniel Hernández por la cantital total de 124.619,50 euros y otras cinco facturas a la sociedad administrada por él, Proselan, por la cantidad total de 126.674,10 euros" haciendo un total de 251.293,60 euros abonados por tales servicios, los cuales "nunca se ejecutaron, con el consiguiente lucro y correlativo quebranto para las arcas municipales, sin que fueran abonadas cuatro facturas por importe total de 97.866,30 euros".

Según sostiene el fiscal, José Daniel Hernández presentaba en Intervención las facturas , que conformaban Juan Rafael Arrocha, como "responsable ficticio del contrato" y José Miguel Rodríguez, como concejal del área "que asumía el gasto, simulando de esta forma que todo el contenido de la factura era real y que el servicio se había prestado en las condiciones y por el precio supuestamente pactado". El interventor, Carlos Sáenz, “incumpliendo con sus obligaciones fiscalizadoras y a sabiendas de que se infringía groseramente” la normativa vigente y José Miguel Rodríguez “autorizaban arbitrariamente el gasto”, ordenando que se ejecutarán los pagos.

Tercera pieza que se juzga

Ésta será la pieza que se juzgará del caso 'Unión', tras la relacionada con la licencia otorgada por el Ayuntamiento de Yaiza para la casa del arquitecto Carlos Morales y la que los pagos por trabajos no prestados en el Consistorio de Arrecife y en Inalsa.

En lo que respecta a ésta última, fueron condenados todos los imputados, esto es, el ex consejero del Gobierno de Canarias, Francisco Rodríguez Batllori, el fundador del PIL, Dimas Martín, la ex concejal de Arrecife, Luisa Blanco, la ex consejera del Cabildo de Lanzarote, Plácida Guerra, el ex gerente de Inalsa, Rafael Elorrieta y el ex concejal de Arrecife, José Miguel Rodríguez. En este caso, se condenó a Rodríguez Batllori a siete años de prisión por un delito de fraude en concurso con malversación y prevaricación y otro de falsedad documental, mientras que a Dimas Martín se le impuso una pena de cinco años y medioa Plácida Guerra de cinco y a Rafael Elorrieta de a cuatro y medio. A José Miguel Rodríguez, por confesar y colaborar en la investigación, se le condenó tan sólo a un año de cárcel.

En relación a la de la licencia para la construcción de la casa de Carlos Morales, el ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes aceptó la pena de seis meses de cárcel evitando así ir a juicio y enfrentarse a los dos años que solicitaba el fiscal. Al ser una pena inferior a dos años, el Juzgado de lo Penal Número 1 de Arrecife suspendió en principio la ejecución de la misma, pero el fiscal la recurrió solicitando su ingreso en prisión, solicitud que fue estimada por la Audiencia Provincial, de forma que Reyes entró en junio en la cárcel para cumplir la condena. 

Hay que recordar que muchos han venido poniendo de manifiesto la "total politización" del caso 'Unión', cuya instrucción, incluso, se ha puesto en entredicho en múltiples ocasiones llegándose a poner sobre la mesa presuntas irregularidades e, incluso, anulándose algunos autos y registros en otras piezas.