Papagayo Arenas: El Cabildo defiende la imparcialidad jurídica y recuerda que no concede licencias urbanísticas

La institución insular ha asumido directamente su representación legal en el caso del hotel Papagayo Arenas

El Cabildo de Lanzarote ha reafirmado la objetividad e independencia de sus Servicios Jurídicos y ha rechazado cualquier intento de politizar los procedimientos judiciales. La institución insular ha asumido directamente su representación legal en el caso del hotel Papagayo Arenas, tras detectar la presentación de un escrito que no contaba con la autorización ni reflejaba el criterio de la Asesoría Jurídica del Cabildo.

El presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, ha recordado que la institución insular no otorga licencias de construcción ni de demolición, competencias que recaen exclusivamente en los ayuntamientos.

El pasado 19 de septiembre, la Asesoría Jurídica del Cabildo se personó formalmente en un procedimiento abierto ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 5 de Las Palmas. Este proceso busca ejecutar una sentencia que anuló varias resoluciones del Ayuntamiento de Yaiza, relacionadas con la agrupación de parcelas donde se construyó el hotel Papagayo Arenas.

Ese mismo día, se notificó a la procuradora del caso que la representación legal pasaba a manos de los servicios jurídicos del Cabildo. No obstante, el 22 de septiembre, esta presentó un nuevo escrito sin firma de abogado, cuyo contenido —según el Cabildo— incluía expresiones inapropiadas y contrarias al tono institucional, además de atribuir responsabilidades al Ayuntamiento de Yaiza que ya habían sido descartadas por una sentencia anterior del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

Frente a esta actuación, los Servicios Jurídicos del Cabildo solicitaron al juzgado que dicho escrito no fuera tenido en cuenta y elaboraron un informe interno condenando lo sucedido, el cual ya ha sido trasladado a la Presidencia. Como consecuencia, Oswaldo Betancort ha ordenado abrir una investigación interna para esclarecer cómo se produjo esta situación y bajo qué condiciones fue contratado el letrado externo.

“El Cabildo debe ser representado con rigor, neutralidad y respeto hacia otras administraciones y la ciudadanía”, ha afirmado Betancort. Además, ha subrayado que los conflictos políticos deben resolverse en las urnas, no en los tribunales.

Los Servicios Jurídicos insisten en que las competencias urbanísticas —como determinar si un edificio es legal o debe demolerse— corresponden a los ayuntamientos, no al Cabildo. Por lo tanto, cualquier intento de responsabilizar al Cabildo en estos asuntos constituye una extralimitación de funciones.

Betancort también ha querido destacar que el Cabildo no entrará en enfrentamientos judiciales ni políticos con ningún ayuntamiento de la isla, reiterando su voluntad de colaborar y apoyar a todas las administraciones municipales.

La institución subraya que solo los Servicios Jurídicos del Cabildo están autorizados para hablar en su nombre con todas las garantías de objetividad, imparcialidad y legalidad, conforme a la Constitución y el Estatuto del Empleado Público.

Por último, el Cabildo reafirma su respeto absoluto hacia el Ayuntamiento de Yaiza, sus funcionarios y sus vecinos, y hace un llamado a mantener la lealtad institucional como base de una administración pública responsable y transparente.