"Pasar de la linealidad a la circularidad no es una obligación, es una oportunidad"

El Gobierno de Canarias define en  unas jornadas cuál es el camino que seguirá con respecto al cuidado medioambiental desde el sector turístico

“Hemos pedido a los asistentes y participantes que interioricen que el paso de la linealidad a la circularidad no es una obligación, es una oportunidad. Y aquí hemos salido con ese propósito”. Con estas palabras, el director general de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, Ángel Pablo Montañez, expresaba cuál es el camino que el gobierno autonómico quiere seguir a lo que se refiere al cuidado medioambiental desde el sector turístico.

En esta cuarta jornada de sostenibilidad turística celebrada en Lanzarote, se habló de la gestión de residuos, explica Montañez. “Hemos hablado de economía circular, vinculada a la gestión de residuos, y al sector turístico, y también de los diferentes retos que tiene Lanzarote en esta materia. Se han expuesto diferentes casos de éxito y se han planteado dudas de cara al futuro”, explica. “Desde el Gobierno de Canarias hemos explicado qué estamos haciendo para corregir los errores en materia de residuos y cómo podemos mejorar en materia de economía circular”.

Una materia que no es nueva para Lanzarote, ya que en la isla existen empresas turísticas que trabajan como los residuos, ya que este sector genera gran cantidad de ellos, tal y como explica la presidenta de ASOLAN, Susana Pérez. “Las empresas turísticas llevan mucho tiempo implementando la separación de residuos, con la introducción del quinto contenedor, pero también con la reducción y la prevención, con proyectos interesantes que se están poniendo en marcha”, explica. “Hemos tenido buenos ejemplos, como el del Ayuntamiento de Teguise y el de Tías, con la implantación del quinto contenedor”.

El Cabildo de Lanzarote también ha estado presente en esta jornada, señala Pérez, con la implantación de ese quinto contenedor en el Complejo de Zonzamas, y seguir mejorando la gestión.

Así como la importancia de la colaboración entre las administraciones públicas y las empresas privadas para ajustarse a las normativas europeas, estatales y autonómicas en esta materia.