Pedro San Ginés: “El propio fiscal compartía la innecesariedad de la autorización judicial cuando se rechazó en primera instancia”

El presidente del Cabildo defiende por tanto que la incautación de la desaladora de Montaña Roja "no debió ser tan descabellada"

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Fotos: Jesús Betancort

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Intensa rueda de prensa la que ofreció esta mañana el presidente del Cabildo para matizar la ratificación de su querella contra Club Lanzarote y para volver a justificar por qué se actuó de la manera que se hizo en la incautación de la desaladora del Plan Parcial de Montaña Roja, en Playa Blanca. Al respecto, Pedro San Ginés destacó que hasta el propio fiscal mantenía que no era necesaria la autorización judicial por el carácter administrativo de la decisión.

“Tan descabellado no debía ser. Es verdad que la justicia ha considerado lo contrario, pero cuanto menos ha generado una controversia jurídica sobre la necesidad o no de autorización judicial para proceder a la incautación de este bien de dominio público, cuando el propio fiscal, y esto es lo que no se ha dicho por esos medios que tanto investigan lo que se ha dicho y lo que no, y me parece enormemente relevante, dice cuando se rechaza en primera instancia en su informe textualmente: 'Sin embargo, los hechos no son constitutivos de un delito de coacciones y ello porque la medida cautelar se encuentra amparada en un acto administrativo'”, afirmó San Ginés.

“Asimismo, en cuanto a la alegación referente a la entrada en las instalaciones de Club Lanzarote sin autorización judicial, dice el fiscal que debe ser desestimada, habida cuenta de que se requiere autorización judicial en la ejecución de los actos administrativos si el acceso se produce en lugares que tengan la condición de domicilio, no estando este carácter la planta desaladora, la depuradora y las infraestructuras incautadas. En descargo de esos informes de los técnicos que apuntaban a la innecesariedad de autorización judicial, que el propio fiscal compartía en ese momento esa innecesariedad, por lo que tan descabellada no debió ser o, al menos, dista una evidente controversia jurídica al respecto”, añadió el presidente del Cabildo.

San Ginés también explicó que en la resolución final de la causa se destacaba la importancia de mantener el abastecimiento del servicio público del agua a los habitantes y empresas de la zona.

“Dice la propuesta de instrucción literalmente que procede la clausura de la actividad de abastecimiento y de producción de agua, así como precintar las infraestructuras a través de las cuales se ejerce esa actividad. Lo que hemos venido diciendo. Si bien, continúa el instructor del expediente que se deberá estar al interés general de continuar manteniendo el servicio y alude a que el reglamento del dominio público hidráulico permite, cuando lo aconsejan las circunstancias de interés general, mantener el servicio. Es verdad que esto se produce un año después prácticamente de la incautación. Esta es una propùesta de resolución con la que teoría concluye el expediente sancionador y viene a ratificar de la A a la Z las tesis que se han mantenido”, aùntó.

El presidente también resaltó que nadie ha cuestiona que en el Plan Parcial de Montaña Roja se producía una venta ilegal de agua. “Absolutamente nadie ha cuestionado lo que está 100% contrastado, al contrario. Todas las administraciones que hasta la fecha han intervenido, llámese Gobierno de Canarias, Diputado del Comunón, Consorcio, Consejo, todos los informes refrendan que se venía produciendo una venta ilegal de agua por no tener concesión para hacerlo. Eso no lo cuestiona absolutamente nadie, como tampoco el que a día de hoy la red pública no llega a esos 6.000 vecinos y, por tanto, la clausura tendría la inevitable cosnecuencia del abastecimiento no sólo de los vecinos, sino de la enorme industria turística que hay en ese plan parcial y sólo habría una salidad o solución, que es permitir que exista una venta ilegal de agua”, precisó.

San Ginés matizó que esto es una medida temporal y que se trabaja para abastecer a esta zona con los recursos ya existentes del Consorcio del Agua.

“Esto es una medida provisional transitoria. El ciclo integral del agua, las infraestructuras públicas de las que tenemos posesión, porque esta entendemos que también lo es, es un bien de dominio público. Distinto es que su gestión y mantenimiento hasta que se recepcione el plan parcial corresponda al promotor, pero es un bien de dominio público y terminará siéndolo. No obstante, nosotros tenemos capacidad para servir de agua a ese plan parcial con los recursos propios, con las plantas de las que ya tenemos posesión. Lo que no ha llegado es la red y, de hecho, las obras para que llegue, que podrían llegar en meses, están paralizadas porque el promotor ha presentado un interdicto para evitar que la red pública llegue”, apuntó el presidente.

“Nosotros en meses podríamos estar en disposición de devolver esa planta porque no la necesitamos en realidad. Sólo necesitamos que la red llegue y la única que llega es la privada vinculada a esa planta, por eso la incautamos. Esto es muy sencillo de entender para quienes quieran entender. Hay otros que no entenderán por más que se les explique”, concluyó.

El presidente del Cabildo confirmó que habrá pleno extraordinario para aclarar todo lo relacionado con la desaladora de Club Lanzarote. No fue exacto, pero sí apuntó que esta sesión se celebrará en los primeros días de septiembre.