Ástrid Pérez: “Es del PSOE y pueden nombrar a quien crean conveniente"
La presidenta del PP se desentiende del nombramiento de Juan Félix Eugenio al frente de los Centros Turísticos
Ástrid Pérez ha valorado el nombramiento de Juan Félix Eugenio como consejero delegado de los CACT diciendo que es una parcela que le corresponde al PSOE, si bien ha reconocido que no sabe cómo todavía no se ha exigido el cobro de los 400.000 euros que la empresa de la pareja de Eugenio debe a los centros.
“No lo valoro. Es el área del PSOE y pueden nombrar a quien crean conveniente mientras no sea una persona que esté condenada por malversación o por prevaricación o algún delito. Nosotros hemos sido el único partido en Lanzarote que hemos dicho que todo el mundo es inocente hasta que haya una sentencia condenatoria. Con lo cual entenderás que a una persona que además no está ni imputada ni condenada nosotros no podemos poner ningún impedimento a ese nombramiento", afirmaba la presidenta del Partido Popular (PP).
Pérez, que respondía a una pregunta de un periodista durante la rueda de prensa celebrada este jueves en el Ayuntamiento capitalino, explicó sin embargo los pasos dados por ella cuando se encontró con esa deuda durante la etapa en que estaba a cargo de los Centro Turísticos.
“Cuando llegamos a los Centros Turísticos no teníamos dinero ni para la paga básica ni para la extra y además la entidad bancaria con la que teníamos una póliza de crédito nada más llegar nosotros nos la quitaron. ¿Qué hicimos? Pues como necesitaba dinero para poder pagar a los trabajadores de los Centros Turísticos me reuní empresa por empresa para que nos pagaran en efectivo bajo amenaza de quitarles el crédito y los descuentos en taquilla. Se dio orden a la taquilla para que a determinadas empresas, entre ellas ésta, se les retirara el descuento. Firmamos un plan de pagos con la empresa y durante un tiempo sí que es verdad que la empresa cumplió con el plan de pagos. Cuando dejó de cumplir con el plan de pagos el gerente y el también el director económico-financiero me plantean la necesidad de la contratación de un abogado y un procurador para presentar una demanda de reclamación de cantidades y seis meses después nos echaron del gobierno".
