Piden el indulto de una sexagenaria con hijos y nietos a su cargo que tiene que ingresar este viernes en la cárcel de Tahíche

El caso de Josefa Hernández, condenada a seis meses de prisión por no derribar una casa que construyó en un espacio protegido de Fuerteventura, ha generado una ola de solidaridad no sólo entre los ciudadanos, sino también entre los políticos

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Hasta los medios nacionales ha saltado el caso de Josefa Hernández, una mujer de 62 años, vecina isla de Fuerteventura y con dos hijos y tres nietos a su cargo, que deberá ingresar este viernes en la cárcel de Tahíche durante seis meses por un delito de desobediencia, al no haber derribado una casa que construyó hace 16 años en el paraje protegido del Parque Rural de Betancuria.  Un caso que ha generado una ola de solidaridad no sólo entre los ciudadanos, sino también entre los políticos, que consideran que la orden de ingreso en prisión de esta mujer es "desproporcionada".

De hecho, el presidente del Cabildo de Fuerteventura, Marcial Morales, y el alcalde de Betancuria, Marcelino Cerdeña, entre otros, anunciaron que acompañarían a Josefa hasta la puerta de la prisión de Tahíche, además de ofrecerle apoyo jurídico. Según informa La Provincia, los abogados del consistorio majorero preparan un recurso de apelación ante la Audiencia de Las Palmas contra la orden que obliga a esta mujer a ingresar en prisión. El Colegio de Abogados de Las Palmas, según este diario, también se ha ofrecido a defenderla.

Más de un centenar de vecinos se manifestaban también ayer ante la Delegación del Gobierno de Puerto del Rosario para dar su apoyo a esta mujer que el pasado miércoles inició una huelga de hambre, que afirmó que mantendrá si finalmente tiene que ingresar en prisión. La solidaridad también se ha extendido por las redes sociales, donde se han recogido más de 2.000 firmas pidiendo su indulto a través de la plataforma change.org.

Esta vecina, que llegó a las isla hace 23 años, separada y con siete hijos, afirma que no tuvo más opción que construir la vivienda en el terreno que heredó de sus padres. En 2007 se vio obligada a reformarla, ya que los Servicios Sociales le amenazaron con quitarle a los niños al encontrarse la casa en "malas condiciones" y ello le acarreó una denuncia que acabó en 2012 con una sentencia firme, que condenaba a esta vecina de Campo Viejo (Betancuria) a pagar 700 euros, demoler la vivienda y cumplir seis meses de prisión. Sin embargo, aunque afirma que pagó la multa, no derribó la vivienda por "no tener donde vivir", y es por eso por lo que se la ha declarado en rebeldía ordenando su ingreso en la cárcel. Josefa tiene actualmente dos hijos a su cargo, uno con discapacidad mental y otro en situación de desempleo, además de tres nietos menores.