Clavijo y Feijóo firman un pacto migratorio y le ceden la presión al gobierno de Sánchez

El acuerdo involucra a todas las comunidades donde gobiernan los populares y establece la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, firmó ayer, durante su visita al jefe del Ejecutivo de Canarias, Fernando Clavijo, en la sede de Presidencia de Santa Cruz de Tenerife, un “Plan de Acción contra el Descontrol Migratorio” que ahora presentarán al Gobierno central con el fin de negociarlo, pese a ese título, y que pretende llenar el vacío que, a su juicio, ha dejado el Ejecutivo de Pedro Sánchez por su “ausencia” de política migratoria.

Según recalcó el vicepresidente del Gobierno autonómico, Manuel Domínguez, a DIARIO DE AVISOS tras la comparecencia de Feijóo y Clavijo, este acuerdo no fue posible hace dos meses, cuando el PP rechazó, junto a Vox y Junts, el inicio del cambio del artículo 35 de la Ley de Extranjería en el Congreso por la “negativa” del Gobierno central a negociar con los conservadores. No obstante, subrayó que “los cuatro puntos clave de este plan ya estaban acordados” entre CC y PP.

Previamente, y como Clavijo, Domínguez presentó lo ocurrido ayer con el do-cumento rubricado como “día importante para Canarias por la presencia de Feijóo y porque damos pie a terminar con todo ese relato de los últimos tiempos sobre el cambio del artículo 35. Ante la presión migratoria y la crisis humanitaria que sufre Canarias, agradezco a Clavijo el esfuerzo y sacrificio que se ha cargado a sus hombros con esta serie de reuniones y acuerdos para llevar a buen puerto”.

Clavijo agradeció a Feijóo que haya “aunado el criterio de 12 comunidades y dos ciudades autónomas (todas del PP) porque podemos dar un paso de gigante, y no solo porque se habla de menores, sino de la migración en general”. Según dijo, ahora hay que ver “la predisposición del Gobierno central para que acabe la bronca política y se dé respuesta a estos niños que buscan una vida mejor”. A su juicio, se necesita un “pacto de Estado, de país”.

Tras Clavijo, Feijóo devolvió los agradecimientos al Gobierno de Canarias y elogió, en especial, “la sensibilidad, responsabilidad y sentido de Estado de Clavijo con los grupos de trabajos, con la migración y, en concreto, con los menores”. A su juicio, lo importante del pacto firmado es que aborda no solo la situación de los chicos y chicas, sino que afronta el “desafío global que supone la migración”, que merece “una política integral ante la oleada ilegal de migrantes que llegan, sobre todo por la ruta canaria”. Y fue aquí cuando reiteró sus argumentos de los últimos días con los que elogia la política migratoria de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, “por haber disminuido la llegada de migrantes un 64%, mientras que España tiene un 55% más y es el país que peor está gestionando sus fronteras, sobre todo en Canarias y Ceuta. No vamos a dejar sola a Canarias –recalcó-, que no puede pagar la inexistencia de política de migración de España, que es inconsistente y que va de bandazo en bandazo, con un Gobierno central que incumple sus competencias exclusivas sobre política migratoria, extranjería y devolución de migrantes irregulares”.

Según Feijóo, el Gobierno canario “está solo, lo hemos constatado y la responsabilidad del PP es apoyarle. El Gobierno central tiene la obsesión de dividir territorio, gobiernos y personas. Mi compromiso es unir y cooperar ante este problema de Canarias. Estamos ante la inacción del Gobierno y de todas las fuerzas que solo dicen no. Somos un partido de Estado y sabemos que la solidaridad interterritorial es innegociable. Comparti-mos el diagnóstico del Gobierno canario y hemos acordado firmar un documento que ponemos a disposición del Gobierno central para buscar acuerdos”.

Fue entonces cuando desgranó los “puntos clave” de ese texto, que, según remarcó, consisten, y como lleva diciendo el PP desde hace meses, en la convocatoria de la Conferencia de Presidentes autonómicos, la declaración de la “emergencia migratoria nacional” para que las comunidades puedan actuar, “llamar la atención a la UE” y garantizar el control de fronteras mediante la mejora de medidas policiales, un pasaporte de tránsito, más medios en las comisarías y el despliegue de las fuerzas de seguridad en los países de origen y tránsito para “desarticular a las mafias”, siempre con el visto bueno de sus gobiernos.

Asimismo, insiste en que se despliegue Frontex y la agencia europea de asilo, que aumente el personal que lleva la tramitación de los expedientes de retorno, una convocatoria urgente sobre menores, acordar con las comunidades los criterios de distribución, que ninguna quede exenta de acoger migrantes, “que los menores sean indubitadamente menores” y poner a disposición de las comunidades infraestructuras estatales vacías o en desuso para el alojamiento. También se aboga por un fondo de contingencia en favor de las regiones, se insta a garantizar el compromiso del Estado en sufragar los recursos extraordinarios de las regiones cuando se vean sobrepasadas y que esto se incluya en la Ley de Extranjería. Además, el líder conservador insistió en que, a partir del 150% de la capacidad superada en cada territorio, que sea el Estado el que gestione a los menores.

Feijóo puso especial énfasis en el incremento de los recursos, en que se intensifique la acción exterior en Marruecos, Mauritania, Senegal, Mali y otros países, en que se desarrolle el Pacto de Asilo y Migración de la UE y que todo “sea ratificado en las conferencias sectoriales”. Según dijo, el acuerdo “es firme, solidario y responsable. El objetivo es parar la migración irregular, salvar vidas, que sean atendidos como merecen y que España no sea el refugio de las mafias que trafican con personas. Seguiremos trabajando en la migración legal, ordenada y acorde con nuestros valores. Paremos la irregular y ordenemos la regular”, repitió varias veces en un claro mensaje grabado a fuego, como un lema.

Astrid Pérez confía en que el Gobierno del Estado se siente, ahora sí, a negociar el pacto migratorio propuesto por el PP y Canarias

 La presidenta del Partido Popular de Lanzarote, Astrid Pérez, ha valorado de forma muy positiva el plan contra el descontrol migratorio acordado este martes por el Partido Popular y el Gobierno de Canarias. Un plan, que se condensa en diez puntos, que se pondrá a disposición del Gobierno central en la búsqueda del consenso necesario para afrontar la crisis migratoria, un problema de Estado, que afecta directamente a las islas.

Astrid Pérez insiste en que si el Gobierno de Sánchez no ha afrontado la reforma de la Ley de Extranjería, que puede hacerlo mediante Decreto Ley, es sencillamente porque "no tiene voluntad política de hacerlo, porque no quiere y porque el problema migratorio le es ajeno". "De hecho, hemos visto como ha sido un asunto que ni le ha preocupado ni le ha ocupado lo más mínimo en todos los años de gobierno en los que ha mirado para otro lado".

"Hasta ahora, -apunta Pérez-, la realidad es que no hemos visto que Sánchez haya pedido permiso al Partido Popular para modificar otras normativas que sí le han interesado, como es el caso de la amnistía donde sí ha actuado de forma unilateral y con premura para mantener el apoyo parlamentario de los independentistas y sostenerse en el gobierno".

Según la líder insular del PP, este acuerdo "da respuesta a la falta de política migratoria del gobierno de Sánchez y a la ausencia de medidas efectivas que hagan frente a la situación de emergencia a la que se ha llegado por la inacción del Ejecutivo".

Astrid Pérez considera que el PP y su presidente, Alberto Núñez Feijóo ha mostrado una vez más su "sentido de Estado" con un acuerdo "serio y realista"que implica a todas las comunidades autónomas gobernadas por el PP, además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

"Sánchez tiene una nueva oportunidad de pasar página, abandonar la política errática, y asumir su responsabilidad y sus competencias en materia migratoria y de extranjería". "El Gobierno tiene que mirar de frente la realidad de migratoria y poner en marcha medidas en consonancia y consenso de las distintas comunidades", señala Astrid Pérez, quien lamenta la falta de voluntad del Ejecutivo.

Para Astrid Pérez, el acuerdo responde a las necesidades en materia migratoria "al tiempo que cumple con el objetivo primero de salvar vidas, el que las personas sean atendidas con dignidad y que nuestro país no se convierta en refugio para las mafias que trafican con seres humanos ".