Preocupación en el Gobierno de Canarias por el "pufo de las mascarillas"

Román Rodríguez cree que el Servicio Canario de Salud debe ir por la vía judicial para tratar de recuperar los 4 millones de euros invertidos a cambio de nada

El denominado "pufo de las mascarillas", la presunta estafa de cuatro millones de euros al Servicio Canario de Salud, por la adquisición por emergencia de material sanitario que nunca llegó a las islas y el que llegó era falso, preocupa al ejecutivo autonómico que preside el socialista Ángel Víctor Torres. Ayer, martes, el vicepresidente del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez, en unas declaraciones a Cope- Canarias, mostró su malestar por lo que se va conociendo de este caso y recomendó al presidente que fuera por la vía judicial, además, de la administrativa para recuperar ese dinero público.

El periodista Fran José Fajardo de Canarias 7, periódico que reveló el caso de las mascarillas, señaló en Café de Periodistas de LANCELOT TELEVISION que la preocupación es máxima porque no se sabe cómo puede acabar afectado políticamente este asunto de la compra que de momento investiga la Fiscalía anticorrupción por presunta estafa. “Hablamos de un caso que salta ahora, pero se viene gestando desde hace prácticamente dos años, y que, entre unas cosas y otras, estamos a año y poco de las elecciones. Puede estallar el caso de forma más grave en plena campaña, precampaña o en los propios comicios”, señala.

En su opinión considera un asunto de extrema gravedad e incluso peor que otros casos como las polémicas adquisiciones de mascarillas en Madrid. “Estamos hablando de un tema bastante grave. Creo que hablamos de un ‘pufo’ de cuatro millones de euros”, señala. “En Madrid, hubo comisiones elevadísimas, y un tema social y judicial grande, pero al menos llegaron las mascarillas. Aquí, ni eso. Se pagó por algo que nunca se investigó”.

Más allá de las investigaciones en la vía judicial, la Audiencia de Cuentas de Canarias y el Tribunal de Cuentas de Madrid están investigando si ha habido algún tipo de negligencia por parte del Servicio Canario de Salud a la hora de adquirir este material sin los controles mínimos exigidos por la Ley de Contratos. “La Audiencia de Cuentas recaba información y prepara un informe sobre presuntas irregularidades o actuaciones que no debieron hacerse de esa forma, aunque sean ajustadas a la Ley. Y de lo que advierte es de la adjudicación de contratos a empresas que no estaban habilitadas para negociar con entidades públicas, escasa fiscalización de que el contrato se llevara a cavo de una manera tajante y otras irregularidades, como el hecho sangrante, bajo mi punto de vista, de que haya material por valor de 2’1 millones de euros en los sótanos del Hospital de La Candelaria de Tenerife, que no sirve, que no está homologado, que se ha adquirido y que no cumple los mínimos requisitos de calidad para ser utilizado por los empleados públicos que se dedican al sector sanitario en Canarias”.

La excusa que sigue poniendo desde el gobierno de Canarias al caso mascarillas es que aquellos momentos de pandemia la prioridad de todos los gobiernos era adquirir material sanitario lo más rápido posible y eso hizo que los controles en las adjudicaciones fueran más laxos.