Miércoles, 04 Febrero 2026
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La legalización inmigratoria aprobada por el PSOE y Podemos resulta, en la práctica, una farsa

El Ejecutivo insular defiende que cualquier intervención se hará manteniendo la titularidad pública y recuerda que el objetivo es reforzar el sistema sociosanitario y no debilitarlo

  • Lancelot Digital

 

PSOE y Nueva Canarias han encontrado en el futuro del Hospital Insular de Lanzarote un nuevo frente político desde el que articular su oposición al gobierno del Cabildo presidido por Oswaldo Betancort. Ambas formaciones han anunciado una ofensiva institucional y social para frenar lo que consideran un proceso de desmantelamiento encubierto del centro, situando la sanidad pública y la atención sociosanitaria en el centro del debate político insular.

El PSOE de Lanzarote abrió este lunes el camino anunciando una ofensiva institucional en todas las administraciones para exigir la permanencia del Hospital Insular en su actual ubicación y la rehabilitación del edificio. La secretaria insular del partido y diputada en el Congreso, María Dolores Corujo, denunció la inexistencia de un proyecto definido, un calendario de actuaciones y una partida presupuestaria específica que garantice el futuro del centro.

Según Corujo, esta falta de planificación “abre la puerta a un desmantelamiento progresivo de un servicio esencial”, recordando que el Hospital Insular forma parte de la historia sanitaria y social de la isla y sigue desempeñando una función clave dentro del sistema sociosanitario. En este contexto, el PSOE impulsará mociones en el Cabildo, los ayuntamientos y el Parlamento de Canarias para exigir la rehabilitación del edificio actual y la consignación urgente de fondos públicos.

“El Hospital Insular no se toca”, advirtió Corujo, subrayando que la defensa del centro conecta con una demanda ciudadana y no solo con una posición política.

A esta ofensiva se ha sumado Nueva Canarias–Bloque Canarista, que ha elevado el tono del discurso y ha llamado abiertamente a la movilización social. El diputado autonómico Yoné Caraballo denunció la existencia de una “trama política” promovida por Coalición Canaria y la derecha canaria para vaciar progresivamente el Hospital Insular y justificar posteriormente su cierre o reconversión bajo un modelo de privatización sociosanitaria.

Caraballo alertó de que se estaría utilizando el estado del inmueble como excusa para degradar los servicios, con el objetivo final de derivarlos al sector privado y abrir la puerta a una posible especulación del suelo público. “Se instrumentaliza el cuidado de las personas mayores para cambiar el modelo y beneficiar a intereses privados”, afirmó, advirtiendo del riesgo de que el espacio acabe albergando una residencia gestionada por empresas privadas.

Ambas formaciones coinciden en agradecer el trabajo de los profesionales del Hospital Insular y en situar a la ciudadanía como actor clave para frenar cualquier cambio de modelo. De este modo, el futuro del centro se consolida como un nuevo eje de confrontación política insular y como una de las principales banderas de PSOE y Nueva Canarias frente al gobierno de Oswaldo Betancort, en un debate que trasciende lo sanitario para convertirse en una batalla política y social sobre el modelo de servicios públicos en Lanzarote.

Una reforma obligada

Frente a estas acusaciones, el gobierno del Cabildo, presidido por Oswaldo Betancort, ha reiterado en varias ocasiones que el Hospital Insular no se va a cerrar ni desmantelar y que la actuación prevista responde a la necesidad de modernizar unas instalaciones obsoletas que ya no se ajustan a las exigencias actuales de la atención sociosanitaria. Desde el grupo de gobierno insisten en que la reforma es imprescindible para garantizar la calidad asistencial, la seguridad de pacientes y profesionales y la adaptación del centro a la normativa vigente.

El Ejecutivo insular defiende que cualquier intervención se hará manteniendo la titularidad pública del servicio y niega que exista un plan de privatización encubierta, subrayando que el objetivo es reforzar el sistema sociosanitario y no debilitarlo. En este sentido, aseguran que el debate se está utilizando políticamente para generar alarma social, pese a que la voluntad del gobierno, sostienen, es preservar el Hospital Insular como recurso público esencial para Lanzarote.

Sin embargo, la falta de un proyecto definitivo, de plazos concretos y de una consignación presupuestaria clara es precisamente el argumento que PSOE y Nueva Canarias utilizan para cuestionar la credibilidad del discurso gubernamental y convertir el futuro del Hospital Insular en uno de los principales campos de batalla política de la legislatura. Así, la confrontación no gira únicamente en torno a la continuidad del centro, sino sobre el modelo de gestión, la transparencia y el rumbo de la política sociosanitaria insular.

 

 


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