Rechazan la manifestación del Sindicato de Inquilinas del 11-N porque no ayudará en nada
La patronal inmobiliaria considera que la protesta responde a intereses políticos y reclama más viviendas y seguridad jurídica
- Lancelot Digital
La Asociación Canaria de Empresas de Gestión Inmobiliaria (ACEGI) ha mostrado su rechazo a la huelga general convocada para el próximo 11 de noviembre por el Sindicato de Inquilinas, al considerar que paralizar la actividad económica no contribuirá a solucionar la crisis de vivienda que atraviesa Canarias. La patronal advierte de que esta movilización podría incluso agravar los problemas actuales.
Daniel Portieles, exvicepresidente de ACEGI, cuestionó los objetivos de la convocatoria y aseguró que el principal obstáculo para mejorar el acceso a la vivienda es la inseguridad jurídica que, a su juicio, sufren los propietarios. "El problema actual es la inseguridad jurídica que se produce para los propietarios, lo que ha provocado que desaparezcan muchísimas casas del mercado", afirmó Portieles, quien puso como ejemplo la retirada de viviendas de los portales inmobiliarios tras el anuncio de determinadas medidas legislativas.
El representante del sector considera que la convocatoria no aborda las verdaderas causas de la falta de vivienda y que sus consecuencias podrían ser contraproducentes.
Una protesta que consideran política
Portieles fue más allá al cuestionar las motivaciones de la movilización. "Esto no es una manifestación para mejorar la situación de la vivienda, sino una guerra política", aseguró, al entender que la protesta busca confrontar posiciones políticas en lugar de plantear soluciones efectivas.
Por su parte, ACEGI reconoce en un comunicado las dificultades que atraviesan numerosas familias para acceder a una vivienda, así como el incremento del coste de vida en Canarias.
Sin embargo, la asociación defiende que las soluciones deben centrarse en aumentar la oferta residencial, impulsar la construcción de vivienda pública, agilizar los trámites urbanísticos y ofrecer mayores garantías jurídicas a los propietarios.
La patronal inmobiliaria también advierte de que enfrentar a trabajadores y empresas no contribuirá a resolver el problema habitacional y podría tener consecuencias negativas para la actividad económica y el empleo en el Archipiélago.
