Salta a ABC la investigación por presunta falsedad de autos en el caso 'Unión

El diario de tirada nacional se hace eco de la polémica instrucción abierta contra César Romero Pamparacuatro, el secretario judicial y dos guardias civiles por presunta falsedad de documento público
Lancelot Digital
Hasta ABC ha llegado la polémica investigación abierta en el Juzgado de instrucción número 3 de Arrecife contra el juez César Romero Pamparacuatro, el secretario judicial José Ramón Vera y dos guardias civiles por presunta falsedad de documento público en el caso 'Unión'. Como el magistrado es aforado, dependerá del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), donde también ha sido denunciado por la Asociación de Juristas Jiménez de Asúa.
Tal y como recuerda este diario de tirada nacional, fue el abogado y empresario, Luis Lleó, imputado en la causa, quien denunció la presunta manipulación del sumario, dando lugar a la apertura de una investigación por parte del juez Rafael Lis, quien cree que hay sobrados indicios que apuntan "al menos a un delito continuado de falsedad en documento público" por parte de los cuatro funcionarios investigados. Según señala ABC, hay "una imitación servir de la firma del magistrado" en algunos autos. Este diario apunta que serían decenas los documentos alterados, habiendo pruebas de que al menos quince resoluciones judiciales fueron "fabricadas". Y no sólo eso, sino que también se habrían manipulado grabaciones telefónicas que llegaron al Juzgado con cortes.
ABC señala que las pesquisas apuntan a que Pamparacuatro, el que fuera su secretario, José Ramón Vera, el jefe del grupo de la UCO que llevaba el caso, el entonces capitán Vicente C.E., y el sargento que actuó como secretario policial, actuaron de forma conjunta para "fabricar" el sumario antes de levantar el secreto, fechando presuntamente autos y otros documentos después de las fechas que constan. "Es decir, primer pinchaban los teléfonos y tiempo después hacían los autos que justificaban esos pinchazos", señala este diario, que recuerda que el caso saltó "porque se equivocaron al poner las fechas y consignaron en los documentos días en los que el juez y el secretario estaban de baja o de vacaciones", por lo que debían haber pasado por el Juzgado de Guardia. En cuanto a los guardias civiles, añade, "si las fechas que aparecen en el sumario fueran ciertas, el mismo día estarían simultáneamente en un registro en Lanzarote y firmando documentos en Madrid".
El juez Rafael Lis, en un auto del pasado mes de septiembre, recoge que hay "indicios sólidos que evidencian una genérica manipulación en la aparente notificación de las resoluciones judiciales a los agentes de la UCO denunciados a partir del contraste entre documentos que se contradicen entre sí, pues sitúan simultáneamente a alguno de los dos agentes notificando personalmente una resolución judicial en el Juzgado número 5 de Arrecife y a su vez lo sitúan en las dependencias de la UCO en Madrid realizando labores de Policía Judicial en al menos 13 ocasiones espaciadas en el tiempo" El magistrado, según recuerda también ABC, asegura que los dos agentes de la UCO habrían realizado otras 26 veces "dos gestiones distintas de forma simultánea".
Sin embargo, tal y como señala ABC, la instrucción abierta por el juez Rafael Lis, que podría llevar a la nulidad del caso, ha provocado "una auténtica guerra" judicial, pues la Fiscalía le ha pedido que se aparte de la investigación, después de que Pamparacuatro le acusase de tener una "amistad manifiesta" con el denunciante, hechos a los que Lis respondió tachando de "graves, infundadas e ilusorias" las insinuaciones de Fiscalía. De hecho, según apunta este diario, el fiscal recurrió los autos del juez en los que se ordenaba a la Guardia Civil y a la Administración de Justicia enviar los documentos sobre turnos de trabajo, vacaciones y viajes de los funcionarios investigados por presuntamente haber falsificado documentos. Sin embargo, aunque estos están requeridos, fuentes de la Guardia Civil han señalado a ABC que están respondiendo a todos los requerimientos, "que ya se han enviado algunos documentos y que se remitirá la totalidad cuando se haya recopilado la información completa".
Por otro lado, ABC recuerda que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias archivó una denuncia de Luis Lleó contra Pamparacuatro por la falsificación de un auto judicial. Ahora, añade, el caso vuelve al TSJC, porque la Asociación de Juristas Jiménes de Asúa ha presentado una denuncia contra el magistrado en la que se incluyen 15 resoluciones que aparecen con su firma en fechas en las que no tenía jurisdicción porque no estaba en el Juzgado. También hay autor sin firmar y otras presuntas irregularidades, según este diario de tirada nacional.