San Bartolomé reclamará judicialmente al Cabildo los fondos del Plan de Cooperación Municipal

El Ayuntamiento exige el cumplimiento de la Ley de Cabildos y denuncia la paralización de inversiones fundamentales para el municipio

El Ayuntamiento de San Bartolomé ha aprobado en sesión plenaria el ejercicio de acciones judiciales en vía contencioso-administrativa contra el Cabildo de Lanzarote ante la falta de aprobación del Plan Insular de Obras y Servicios de Competencia Municipal correspondiente a 2025 y la retirada de fondos del Plan de Cooperación Municipal que correspondían al municipio.

La propuesta salió adelante durante el pleno ordinario celebrado el pasado 25 de marzo de 2026 con el voto favorable de la mayoría absoluta de la Corporación municipal. Posteriormente, el acuerdo fue trasladado oficialmente al Cabildo de Lanzarote mediante requerimiento previo, sin que la institución insular respondiera dentro del plazo legal establecido, motivo por el que el Ayuntamiento ha decidido continuar con el procedimiento judicial.

El alcalde de San Bartolomé, Isidro Pérez, señaló que "nos hemos visto obligados a acudir a los tribunales para defender unos recursos que pertenecen a todos los vecinos y vecinas de San Bartolomé y que son esenciales para seguir desarrollando proyectos y servicios en el municipio". En este sentido, recordó que "los planes de cooperación son una obligación legal recogida en la Ley de Cabildos y lo único que estamos exigiendo es que se cumpla la normativa vigente".

El regidor municipal explicó que el Ayuntamiento reclama las cantidades retiradas al municipio desde 2023 y lamentó que esta situación esté afectando directamente a actuaciones consideradas estratégicas para San Bartolomé. "En 2023 se nos retiró la asignación que nos correspondía y en 2025 ni siquiera se aprobó el plan", explica.

Asimismo, Isidro Pérez añadió que "existen además diferentes sentencias judiciales sobre casos similares que generan jurisprudencia respecto a este tipo de contenciosos y que respaldan la obligación de las administraciones insulares de cumplir con los mecanismos de cooperación municipal establecidos legalmente". El alcalde insistió en que "el Ayuntamiento defenderá hasta las últimas consecuencias los intereses de San Bartolomé y el derecho de la ciudadanía a contar con las inversiones que le corresponden".

El alcalde puso como ejemplo de las consecuencias de esta falta de financiación proyectos como la paralización del gimnasio municipal o la actuación prevista en la calle Arrecife, una obra que quedó suspendida tras atender una petición vinculada a trabajos hidráulicos que finalmente no llegaron a ejecutarse. "Hemos perdido financiación importante para actuaciones necesarias para el municipio por decisiones que han terminado perjudicando directamente a San Bartolomé", lamentó.

El Ayuntamiento sostiene que el Cabildo de Lanzarote tiene atribuida legalmente la competencia de asistencia y cooperación económica, jurídica y técnica con los municipios, tal y como recogen la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local y la Ley de Cabildos Insulares.

Desde el grupo de gobierno municipal se insiste en que esta acción judicial responde únicamente a la defensa de los intereses generales del municipio y a la necesidad de garantizar inversiones esenciales para mejorar infraestructuras, servicios públicos y la calidad de vida de la ciudadanía.