Sánchez respalda al Fiscal General pese a que el Supremo ve indicios para procesarlo
El caso gira en torno a la supuesta filtración del expediente tributario de Alberto González Amador
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El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se encuentra cada vez más acorralado tras la decisión del Tribunal Supremo de avalar su procesamiento por un presunto delito de revelación de secretos. El caso gira en torno a la supuesta filtración del expediente tributario de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Pese a la gravedad del caso —y a la posibilidad real, sin precedentes, de que un Fiscal General termine sentado en el banquillo de los acusados—, el Gobierno y el PSOE mantienen su respaldo cerrado a García Ortiz. Desde Moncloa se insiste en que confían plenamente en él y piden respetar el curso judicial.
En contraste, el Partido Popular y la mayoría de las asociaciones de fiscales reclaman su dimisión inmediata. Argumentan que resulta "incompatible" que el máximo representante del Ministerio Público esté procesado mientras un subordinado suyo asume la acusación en nombre del Estado. La portavoz del PP ha calificado la situación de "insostenible" y ha pedido al presidente del Gobierno que actúe con responsabilidad institucional.
Según el auto del Supremo, existen indicios de que fue el propio García Ortiz quien facilitó la información al periodista de la Cadena SER, y que el borrado deliberado de archivos de su correo electrónico y de mensajes de WhatsApp refuerza la sospecha de una posible intención de ocultar pruebas incriminatorias.
El caso, que ha escalado a primer plano político y judicial, amenaza con erosionar aún más la imagen de neutralidad del Ministerio Público y tensa, una vez más, las relaciones entre el Gobierno y la oposición.
