Se enciende la luz roja en el alquiler vacacional
El 85% de las casas vacacionales podrían quedar fuera tras la aprobación de la nueva Ley, según Ascav
- Lancelot Digital
La aprobación mañana de la Ley que regulará la actividad turística de la vivienda vacacional en Canarias ha encendido las alarmas en islas como Lanzarote. Doris Borrego, presidenta de la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional (Ascav), reconoce que es comprensible la gran preocupación entre pequeños y medianos propietarios, ya que la nueva normativa podría poner en riesgo la continuidad de gran parte de esta actividad. “Esto le da el jaque mate a los propietarios pequeños, es decir, van a ser comidos por esos tiburones que van a poder permanecer en el mercado hasta un máximo de veinte años, mientras a nosotros, los pequeños propietarios y también empresas gestoras e intermediadoras de viviendas vacacionales, nos van a quedar como mucho unos pocos meses de vida”.
Borrego advierte que el principal obstáculo que llevará al 85% de las viviendas vacacionales a abandonar el negocio será la exigencia de la Actividad Clasificada, un requisito que la mayoría no podrá cumplir. “Más del 85 % de todas las viviendas vacacionales que existen ahora van a salir del mercado, lo cual significa el Gobierno de Canarias, Coalición Canarias y el Partido Popular han decidido que el turismo no es para todos. Debe quedar en manos de los de siempre, de unos pocos”, señala.
La presidenta de Ascav explica que, una vez aprobada la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas, conocida popularmente como la Ley del Vacacional, el Gobierno tendrá un plazo para comunicar a los ayuntamientos el listado oficial de viviendas vacacionales registradas. “Se ha usado como talón de Aquiles, esa imposibilidad de poder tener la actividad clasificada para ilegalizarnos. Con lo cual, el Gobierno de Canarias va a tener un plazo de dos meses para enviar las listas a los ayuntamientos de los cabildos de todas las viviendas vacacionales que tienen en sus municipios o cabildos. Los ayuntamientos tienen ocho meses y los cabildos seis para notificar que cumplimos con todos los requisitos. Y evidentemente no podemos cumplir con la actividad clasificada, con lo cual la sangría va a ser brutal”.
Borrego aconseja que solo los propietarios que estén seguros de poder cumplir con todas las exigencias de la Actividad Clasificada presenten su solicitud, mientras que el resto debería esperar y analizar su situación antes de actuar. “Y ojo porque están cambiando los requisitos en el último minuto de descuento. Estamos viendo ayuntamientos, como Yaiza, que de la noche a la mañana piden el requisito de que un propietario particular de una vivienda vacacional tiene que darse de alta como autónomo”.
Desde Ascav consideran que la Ley contiene numerosas dificultades para los pequeños propietarios. Borrego puso como ejemplo que los planeamientos municipales aún no regulan adecuadamente la actividad turística en zonas residenciales, lo que genera más incertidumbre y posibles conflictos legales.