Se juzga una estafa empresarial de casi medio millón de euros

El acusado se enfrenta a cuatro años de prisión por estafar a sus socios de una empresa en Arrecife en colaboración con su mujer 

Casi medio millón de euros fue lo que presuntamente estafó, y juzgará la próxima semana la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas en Arrecife, R.P.C.B, un vecino de la isla, a sus socios, con la supuesta ayuda de su propia mujer, que al parecer intervino en la trama. La Fiscalía pide para él cuatro años de prisión como autor de un delito continuado de apropiación indebida y para ella, como “colaboradora necesaria”, dos años de condena.

Se reclama además para ambos una multa de 3.000 euros, en el caso de él, y de 2.400 euros, en el de ella, y la indemnización a una de las empresas afectadas de 284.415 euros y de 218.228 euros, a la otra. Su esposa tendrá que responder solidariamente en este segundo caso.

Los hechos se remontan al año 2002, cuando el acusado R. P.C.B., mayor de edad, y sin antecedentes penales, abusando de su condición de administrador único de la sociedad V.P.,S.L., desde la fecha de su constitución el 4 de marzo de 2002 y hasta el año 2006, “con la intención de favorecer a terceros y a él mismo y, con pleno conocimiento del perjuicio económico que ocasionaba tanto a la entidad administrada como a sus socios”, transfirió cantidades de dinero desde las cuentas de la sociedad a otras abiertas a su nombre, sin que constara causa alguna para tales operaciones y sin justificación contable, por importe de 55.634,27, así como pagos y transferencias, sin que tampoco constara causa alguna justificada, desde las cuentas de la sociedad a la entidad P.O., S.L. de la que el acusado erasocio, por la cantidad de 228.781,72 euros.

Igualmente “y puesto de común acuerdo con su esposa H.M.B., mayor de edad, sin antecedentes penales y, guiado por la misma intención, otorgó con fecha 19 de octubre de 2006 un contrato de compraventa ante un notario de Arrecife, en el que, invocando la condición de administrador único de la entidad ya mencionada y, pese a tener conocimiento de la revocación del cargo el 21 de septiembre de 2006, procedió a vender a la también querellada, la vivienda unifamiliar sita en la Urbanización conocida como Montaña Roja, en el término municipal de Yaiza”… “con subrogación de la carga hipotecaria que gravaba la citada vivienda, por precio de 400.000 euros, haciéndose constar en dicha escritura, que el vendedor había recibido previamente la cantidad de 198.228,35 euros, sin que tal cantidad conste ingresada en el patrimonio de la sociedad en forma alguna y sin que se haya liquidado el impuesto correspondiente al IGIC, que ascendía a 20.000 euros, ni haberse asumido la subrogación del préstamo hipotecario que pesa sobre la vivienda”.