Aplazado sin fecha el juicio por estafa al renunciar a su abogada uno de los acusados

"No sé si se trata de una estrategia deliberada y premeditada para torpedear el procedimiento", ha manifestado el fiscal

Yolanda Téllez
Fotos: Jesús Betancort

El juicio por estafa a diferentes entidades bancarias que iba a arrancar este lunes en Arrecife ha sido supendido 'sine die', es decir, sin fecha, después de que uno de los acusados pidiera un cambio de letrado. "El viernes me llamó diciendo que todos los abogados que están aquí querían hacer un pacto y yo no estoy de acuerdo", ha señalado Juan Luis R.R., manifestando así ante la Sección Sexta de la Audiencia Provincial que renunciaba a su abogada de oficio con la que, según ha podido saber Lancelot Digital, llevaba ya dos años.

El hecho de que esta comunicación se haya producido en el último momento, unido a que no es la primera vez que este acusado renuncia a su letrado, pues ya lo había hecho anteriormente con uno particular que contrató, según han afirmado fuentes cercanas al caso a Lancelot Digital, hace dudar a Fiscalía se si se trata de "una estrategia deliberada y premeditada para torpedear el procedimiento", algo que también sospechan el propio magistrado y los abogados del resto de acusado. "No puedo saber si es así o si de verdad se siente indefenso", ha manifestado el fiscal Ignacio Stampa. Aun así, el juez ha dado un plazo de tres días a Juan Luis R.R. para que busque un nuevo abogado, quedando el juicio aplazado, pero sin fecha.

En el banquillo de los acusados se sentaban hoy seis personas, no cinco como estaba previsto. Y es que, había una mujer que estaba en situación procesal de requisitoriada en esta causa y que este lunes se ha presentado en el juicio. Todos ellos están acusados de estafar importantes sumas de dinero a entidades financieras a través de compras "fradulentas" de vehículos, muebles y electrodomésticos. Según Fiscalía, los otros cinco acusados llegaron causar perjuicios por más de 342.000 euros.

Para el presunto cabecilla de la trama, Iván R.M., el fiscal pide un total de 10 años y medio de prisión por un delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso con un delito continuado de estafa cualificada y dos delitos contra la administración de justicia. Además, se solicitan otros 7.200 euros por un delito contra la seguridad vial, ya que fue detenido mientras conducía su vehículo sin permiso. También se pide que indemnice a diferentes entidades financieras por valor total de 167.761 euros.

Según Fiscalía, llevó a cabo "una multiplicidad de actos de compra-venta de vehículos, electrodomésticos y mobiliario para el hogar" de "forma fraudulenta" con el fin de obtener "un beneficio patrimonial ilícito". Se hacía pasar "por terceras personas", para lo cual "se servía de diferente documentación previamente falsificada" por él mismo o "utilizando a diversas personas de su entorno que cooperaban con él en la elaboración de dichos documentos y en las compras".

Para ello, "suscribió diversos contratos de préstamo de financiación a comprador de bienes muebles con distintas entidades financieras, a sabiendas de que en ninguno de los casos iba a llevar a cabo los correspondentes pagos de los efectos financiados, por cuando los vendía a terceros a cambio de un precio en efectivo que incorporaba a su patrimonio en breve espacio de tiempo posterior a la compra financiada y antes de que las entidades financieras pudieran inscribir su reserva de dominio", se señala en el escrito de acusación de Fiscalía. Bajo este "modus operandi" llegó a adquirir hasta ocho vehículos, cuatro motocicletas, un sofá, una televisión y diverso menaje del hogar en distintos concesionarios y tiendas de Lanzarote sirviéndose del resto de acusados, algunos de los cuales llegaron a emitir "nóminas falsas" para las compras, a firmar algunos de los contratos de financiación " a sabiendas" de que Iván R.M. no iba abonar "ninguna de las cuotas" o a aceptar dinero del principal acusado a cambio de ayudarle a conseguir las operaciones.

La cadena de estafas llegó a su fin cuando Iván R.M. se encontró "reticencias de una financiera" al ir a comprar uno de los vehículos y el representante del concesionario se negó a ayudarle a conseguir la operación "con documentación falsificada", a pesar de que el principal acusado le ofreció 1.000 euros.

Para Juan Luis R.R., a quien se le imputa también un delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso con un delito continuado de estafa cualificada, el fiscal pide cuatro años y tres meses de prisión más una multa de 4.950 euros. En este caso, se solicita que indemnice a las entidades financieras con 72.917,53 euros.

Para Manuel M.D. se solicitan dos años y once meses de prisión y una multa de 2.400 euros, además de una indemnización de 48.265 euros, mientras que para Ubay M.D. y José Alejandro R.V. se piden dos años y ocho meses de cárcel para cada uno y multas de 3.600 euros. En el caso del primero, se solicita que indemnice a una de las financieras con 29.684 euros y en el caso del segundo que lo haga a otro por valor de 15.502 euros.