Sigue el lío del Rally
El Partido Popular acusa a Corujo de omitir el informe de Política Territorial que derivaba la autorización de la prueba en el Consejo de Gobierno Insular
Y no cesan los problemas derivados de la paralización del Rally Isla de los Volcanes. Ahora, el PP da un paso más hacia delante. Tras estudiar el expediente que la presidenta del Cabildo se vio obligada a entregar, tras la denuncia realizada por el Partido Popular por vulneración de los plazos de entrega, los consejeros del PP han podido comprobar hechos absolutamente gravísimos desde el punto de vista procedimental en relación con el "Caso Rally".
El consejero del Grupo Popular, Jacobo Medina, apunta que "ahora, y con la información en la mano, entendemos por qué Dolores Corujo tenía oculto el expediente" ya que, según explica el consejero, "el PSOE tenía miedo de que se pudiese llegar a este informe que refleja la mala praxis y gestión del Partido Socialista con respecto al expediente del caso".
Y es que el informe del área de Política Territorial es claro y contundente cuando señala que el área de Actividades Clasificadas, que dirige, Marcos Bergaz, nunca debió pronunciarse en relación con la autorización o no del Rally Isla de Los Volcanes porque este tipo de autorizaciones, licencias o permisos son competencia del Consejo de Gobierno y no de Actividades Clasificadas, como así lo estable el artículo 80.2 de la Ley 4/2017, más conocida como la Ley del Suelo.
El propio informe llega incluso a establecer que, de ser utilizada la Ley 7/2011, el acto administrativo estaría viciado ya que no es el procedimiento administrativo legalmente establecido, siendo el Consejo de Gobierno Insular el que debió pronunciarse al respecto de la autorización.
Por lo tanto, queda más que probado con el informe técnico del área que dirige la propia presidenta que, además de mala gestión, se habría producido también una irregularidad en el marco de la administración en relación a la tramitación del expediente por parte del PSOE.
Para Medina, el hecho de que la no autorización por parte del área de Actividades Clasificadas no siguiera el trámite legalmente establecido podría acarrear graves consecuencias para el Cabildo, con independencia de que "se constata que el Grupo de Gobierno ha venido sosteniendo un argumentario falso ante la población y dirigiendo las miradas hacia una sola consejera cuando la responsabilidad debía recaer única y exclusivamente en el Consejo de Gobierno Insular".
Prueba de que el Consejo de Gobierno Insular es el único órgano competente lo tenemos en el Consejo celebrado el pasado lunes, día 16, donde se delega en Marcos Bergaz las competencias del artículo 80 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias (Expediente 12763/2019).
Por lo tanto, queda más que probado que el órgano competente para otorgar autorización era única y exclusivamente el Consejo de Gobierno, conforme al artículo 80, de la Ley del Suelo y Ley de Bases de Régimen Local.
Jacobo Medina critica "la política del engaño y el todo vale" que está ejerciendo el gobierno y asegura que "no se puede seguir gestionando administraciones públicas como si fuesen un juego o sin medir las consecuencias porque las actuaciones de los cargos públicos pueden acarrear graves perjuicios a la población". "La ciudadanía tiene que ver en la administración pública legalidad y fiabilidad", concluye el consejero popular.
