“Sin apoyo público, las clases medias no podrán acceder a una vivienda”

Salud Gil asegura que Canarias necesita construir unas 12.000 viviendas y solo se levantan unas 2.000 al año

La presidenta de la Asociación de Empresarios Constructores y Promotores de Las Palmas, María de la Salud Gil, expresó ayer en Café de Periodistas su preocupación por los obstáculos que afronta el sector para responder a la demanda de vivienda existente en Canarias. Según explicó, las Islas necesitan alrededor de 12.000 viviendas anuales, pero apenas se construyen unas 2.000. Entre las causas de esta situación señaló la falta de financiación pública, estimando que serían necesarios unos 450 millones de euros al año para impulsar la construcción de vivienda asequible.

“Si esos 450 millones de euros al año los aportaran el Estado y el Gobierno de Canarias, nosotros pondríamos otros 2.400 millones para construir las 12.000 viviendas que hacen falta en Canarias. Esa cantidad cubriría la diferencia entre lo que cuesta producir una vivienda, con un beneficio moderado, y el precio al que realmente se puede vender o alquilar para que sea asequible para la ciudadanía”, afirmó.

María de la Salud Gil defendió que la aportación de recursos públicos es imprescindible para que las clases medias puedan acceder a viviendas a precios asequibles.

“Necesitamos dinero público para producir viviendas a precios asequibles porque nuestros costes de producción son tan altos que las rentas medias no pueden asumir el precio final de las viviendas. Los costes han aumentado más de un 40% por factores como la situación geopolítica o la pandemia. Mientras tanto, la producción está prácticamente en encefalograma plano. Hemos pasado de construir más de 37.000 viviendas al año en 2007 a iniciar unas 5.000 y terminar apenas 2.000. Sin embargo, los hogares en Canarias siguen creciendo a un ritmo de entre 9.000 y 10.000 al año”, señaló.

La presidenta de la patronal de la construcción también aclaró la diferencia entre los conceptos de vivienda pública y vivienda asequible, una confusión que, a su juicio, suele producirse con frecuencia en el debate sobre las políticas de vivienda.

“La vivienda pública es la que promueve la Administración para las personas más vulnerables, aquellas que no pueden acceder de ninguna manera a una vivienda. Pero yo hablo de la mayoría de la población, de quienes están en un limbo: ganan demasiado para optar a una vivienda pública, pero no lo suficiente para acceder a una vivienda privada. La demanda es cada vez más insolvente y de lo que se trata es de construir vivienda protegida o libre, pero a precios asequibles”, explicó.

Por otro lado, De la Salud Gil hizo referencia a la escasez de trabajadores que afecta al sector y destacó los esfuerzos que está realizando la asociación para formar a personas procedentes de terceros países, facilitando su incorporación al mercado laboral y contribuyendo a su integración social.

“El 62% de los alumnos que estamos formando son personas migrantes, procedentes de todos los continentes. Estamos formando trabajadores e incluso hemos planteado a la Delegación del Gobierno que las entidades que realizamos esta labor podamos participar en los procesos de regularización de aquellas personas que llevan dos años formándose, que han realizado prácticas y han demostrado su cualificación. Debemos ser prácticos y facilitar la regularización de quienes están haciendo un esfuerzo y han decidido desarrollar su proyecto de vida en Canarias”, manifestó.

La responsable empresarial reclamó menos estudios y más medidas concretas para afrontar la emergencia habitacional. En este sentido, insistió en la necesidad de simplificar los trámites burocráticos y de aumentar la financiación pública destinada a facilitar el acceso a la vivienda de las familias.