Sin subida de tasas, no hay inversión en el César Manrique

Aena condiciona la mejora del aeropuerto de Lanzarote a un aumento tarifario

La modernización del aeropuerto de Lanzarote llegará, pero con condiciones. En una nota remitida por su gabinete de comunicación, Aena justifica las inversiones previstas para el periodo 2027-2031 en la isla en el marco del nuevo Documento de Regulación Aeroportuaria, vinculándolas al incremento de tasas aeroportuarias propuesto para Canarias.

El gestor sostiene que estas inversiones permitirán atender la demanda futura de tráfico, reforzar la seguridad, mejorar la calidad del servicio y avanzar en sostenibilidad ambiental. Sin embargo, el planteamiento introduce un elemento sensible: el esfuerzo inversor se apoya en una subida tarifaria que, aunque moderada según la empresa, terminará repercutiendo en el coste del transporte aéreo.

Dentro del plan de 1.800 millones de euros previsto para los aeropuertos canarios, Lanzarote recibiría 327,4 millones entre 2027 y 2031, frente a los 39 millones ejecutados en el quinquenio anterior. De esta cantidad, 144 millones se destinarán a la ampliación del aeropuerto, cuyas obras se prolongarán en periodos regulatorios posteriores.

El proyecto plantea ampliar áreas de facturación y controles de seguridad, incrementar superficies de embarque y puertas, mejorar la recogida de equipajes y reforzar los servicios al pasajero. También prevé la integración de las dos terminales —manteniendo el área interinsular— y la ampliación de la plataforma de estacionamiento de aeronaves, lo que casi duplicará los espacios actuales.

Entre las mejoras anunciadas figura la creación de un nuevo símbolo arquitectónico identificativo de la isla, con una cubierta singular y una estética adaptada al paisaje lanzaroteño, además de mejoras en accesibilidad, intermodalidad e imagen interior.

Tasas al alza, impacto a debate

Para financiar esta “ola inversora”, Aena plantea un incremento medio anual inferior a 30 céntimos en las tarifas aeroportuarias de Canarias, cifra que podría reducirse mediante incentivos. En los vuelos interinsulares, el impacto sería inferior a 10 céntimos.

Aunque el aumento se presenta como reducido, el planteamiento abre el debate sobre quién asumirá finalmente el coste: aerolíneas, residentes y visitantes. En un territorio ultraperiférico altamente dependiente del transporte aéreo, cualquier variación tarifaria genera preocupación por su posible efecto en la conectividad y en el precio final de los billetes.

Las inversiones reguladas incluidas en el DORA han sido debatidas durante cinco meses con compañías aéreas y usuarios. Tras su aprobación por el Consejo de Administración de Aena, el documento ha sido remitido a la Dirección General de Aviación Civil y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, y continuará su tramitación hasta su aprobación definitiva.