Sosa utiliza el "decreto de Corujo" para que el Cabildo abone los 300.00 euros que adeuda

La causa judicial entra en fase de declaraciones clave sobre la tramitación administrativa del expediente

El caso Sosa vuelve a situarse en el centro de la actualidad informativa. La funcionaria que ejercía como coordinadora de Recursos Humanos del Cabildo durante el mandato de la socialista Dolores Corujo como presidenta de la máxima institución insular estaba citada este martes para declarar ante la Fiscalía, que investiga el conocido decreto con el que presuntamente se trató de dar cobertura jurídica al entonces consejero tránsfuga Juan Manuel Sosa ante la posibilidad, finalmente materializada, de que tuviera que devolver los cerca de 300.000 euros percibidos del Servicio Canario de la Salud como médico.

Precisamente, este lunes, el director insular de Presidencia y asesor jurídico del Cabildo, David Montes, abogado que puso ese polémico decreto en conocimiento de la Fiscalía, explicó en Café de Periodistas que el objetivo de la denuncia es proteger los intereses de todos los lanzaroteños. Según señaló, es el propio Juan Manuel Sosa quien está utilizando ahora ese decreto firmado durante la etapa de Dolores Corujo para defender que sean las arcas del Cabildo las que asuman el pago de los 300.000 euros que le reclama el Servicio Canario de la Salud. “En el cual a él le reclaman los 300.000 euros, él ha presentado un escrito diciendo que aporten este decreto porque, en todo caso, tendría que pagarlo el Cabildo. Es decir, este decreto lo que pretende, lo que siempre pretendió, es que esos 300.000 euros los acabe pagando el Cabildo de Lanzarote. Y por eso estoy yo aquí. Quiero dejar claro que ni el presidente ni yo tenemos nada contra nadie. Esto simplemente es una protección de las arcas públicas y es lo que estamos intentando hacer. Lo que vamos a intentar por todos los medios, el presidente Oswaldo Betancort y yo, es que no acabe pagando el Cabildo lo que no debe, porque si es por la anterior presidenta o por este señor Juan Manuel Sosa, estos 300.000 euros salen de todos los lanzaroteños”, afirmó.

En ese sentido, Montes sostuvo que aquel decreto pretendía blindar la situación de Sosa cuando comenzaron a surgir dudas sobre la legalidad de que percibiera un salario superior a los 6.000 euros mensuales como médico, en lugar de la retribución correspondiente a un consejero liberado, que rondaba los 4.000 euros brutos. “Lo segundo que hace este decreto es, en el caso de que el Gobierno de Canarias cambie su criterio respecto a por qué usted sigue cobrando como médico, reservarse el derecho a modificar el decreto cuantas veces sea necesario”, añadió.

Asimismo, David Montes insistió en que, al margen de la posible nulidad administrativa del decreto, la investigación de la Fiscalía también deberá determinar si los hechos pudieran ser constitutivos de un delito de prevaricación y, en consecuencia, si existen responsabilidades penales por parte de Dolores Corujo.  “Yo lo estudio. Más allá del expediente que hay de nulidad de oficio de ese decreto, yo entiendo que podría tener visos de ser prevaricador, más allá de una mera nulidad o irregularidad administrativa”.

Montes también destacó que el hecho de que la Fiscalía haya recomendado a Dolores Corujo comparecer asistida por un abogado responde a la voluntad del Ministerio Público de garantizar plenamente sus derechos constitucionales durante la investigación.

Más allá del recorrido penal que pueda tener la causa, la realidad política es que Dolores Corujo evitó una posible moción de censura cuando presidía el Cabildo gracias al cambio de bando protagonizado por Juan Manuel Sosa, quien en diciembre de 2019 abandonó las filas de Coalición Canaria para integrarse en el grupo de gobierno liderado por el PSOE. Aquel episodio de transfuguismo resultó determinante para mantener la estabilidad del Ejecutivo insular y hoy vuelve a proyectar su sombra sobre un procedimiento judicial que sigue avanzando.