Tías minimiza el rechazo vecinal, mientras Masdache denuncia opacidad en la torre de comunicaciones

Los vecinos exigen que se retire la antena hasta verificar su legalidad y critican su impacto en el entorno protegido de La Geria
- Lancelot Digital
La polémica por la instalación de una torre de comunicaciones en Masdache crece y coloca en el centro de la crítica al Ayuntamiento de Tías, acusado de falta de transparencia y de ofrecer datos inexactos sobre el proyecto.
El alcalde defendió en declaraciones públicas que estas torres alcanzan entre 12 y 14 metros, cuando la ubicada junto a la cancha deportiva del pueblo supera los 25 metros, según los vecinos. Para el colectivo ciudadano, esta diferencia pone en evidencia la escasa precisión con la que el consistorio ha informado a la población.
El Ayuntamiento sostiene, además, que la infraestructura se encuentra en suelo urbano. Sin embargo, los residentes aseguran que está emplazada en un área de asentamiento rural de titularidad municipal, y alertan de que incluso podría estar en zona protegida por el Plan La Geria, lo que incrementa las dudas sobre la legalidad y el impacto ambiental de la obra.

Pese a las solicitudes formales de acceso al expediente y al informe urbanístico, el Ayuntamiento no ha facilitado la documentación. Para los vecinos, este silencio administrativo constituye una “grave falta de transparencia” que alimenta el malestar social.

El regidor también ha restado importancia al rechazo vecinal, asegurando que se limita a “unos pocos vecinos”. La realidad, según el comunicado, es que ya se han recogido cerca de un centenar de firmas en un pueblo con menos de 400 habitantes, lo que los residentes consideran una oposición amplia y legítima.
Los vecinos reclaman al Ayuntamiento información clara y completa sobre la torre; respeto a la participación ciudadana y paralizar la instalación hasta verificar su legalidad y el impacto en el entorno protegido de La Geria.

El movimiento vecinal asegura que mantendrá su movilización en defensa de su salud, su calidad de vida y el derecho a decidir sobre proyectos que afectan directamente a la comunidad.