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"Topar el precio del alquiler no es la solución al problema de la vivienda"

Argeo Mesa coincide con otros economistas que la Ley de Viviendas del PSOE no ha ayudado a bajar los precios

 

  • Lancelot Digital
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    La Ley de Vivienda Vacacional, aprobada y promovida en la anterior legislatura por el gobierno del PSOE y Podemos, no sólo no ha servido para resolver el problema de la falta de viviendas en las grandes capitales de España, en general, y en Lanzarote, en particular, sino que lo ha agravado.

     

    La Ley de Vivienda no es la única culpable de la subida del precio de los inmuebles, pero es uno de los factores, junto a la proliferación del alquiler turístico y el déficit de la construcción de viviendas sociales y privadas de los últimos 10 o 15 años.

     

    El Vicedecano del Colegio de Economistas por Lanzarote, Argeo Mesa, lo tiene claro, la Ley de Vivienda ha desprotegido al propietario y éste ha decidido no ponerlas en el mercado regular del alquiler de larga duración y pasarla al vacacional o simplemente dejarlas vacías. Argeo Mesa habla de la existencia de más de 10 mil viviendas vacías en Lanzarote. “El cálculo que teníamos en 2023 era de unas 12.000 o 14.000 viviendas. Nos llamó la atención porque hay muchas viviendas que no están en el mercado”.

     

    Una buena medida sería que las instituciones garantizarán el cobro del arrendamiento a través de un consorcio de seguros. “Es preciso proteger al propietario, un Consorcio de Seguros sería maravilloso”.

     

    Argeo Mesa opina que topar el tope máximo del alquiler de las viviendas no soluciona el problema, más bien lo complica. “Si no hay oferta, no vale para nada topar los precios. Para bajar el precio de la vivienda es preciso dar facilidades”.

     

    Finalmente, el economista lanzaroteño, sin entrar a valorar la manifestación del 19-M contra el modelo turístico de Canarias, si señaló que difícilmente se puede vivir de otra actividad en las islas que no sea el Turismo.

     

     

    En relación con la Ecotasa sólo la ve razonable si es para invertir directamente lo recaudado en mejoras de los espacios naturales, pero no como un mero impuesto recaudatorio más.

     

     

     

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