Torres se defiende y niega irregularidades tras el informe de la UCO

El ministro y expresidente canario rechaza haber cometido delito alguno y anuncia acciones legales contra el empresario Víctor de Aldama

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha negado cualquier implicación delictiva en el marco del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que analiza los contratos del Servicio Canario de la Salud (SCS) durante la pandemia. El documento, de 347 folios, examina las adjudicaciones realizadas a Soluciones de Gestión (12,5 millones de euros) y Eurofins Megalab (5 millones), operaciones en las que aparecen mencionados Koldo García, exasesor del ministro José Luis Ábalos, y Víctor de Aldama, considerado comisionista de la trama.

Según la UCO, Torres (Secretario General del Psoe de Canarias), mantuvo comunicaciones frecuentes con Koldo García, quien actuaba como intermediario para resolver retrasos en pagos o problemas con la calidad de las mascarillas suministradas. En los mensajes analizados, el entonces presidente canario mostraba su implicación personal, llegando a convocar reuniones con altos cargos del SCS y comprometiéndose a “resolver el asunto sí o sí”. El informe subraya la capacidad de García para influir en diferentes niveles de la Administración autonómica y recuerda que cobraba 10.000 euros mensuales de Aldama, lo que explicaría su interés en los contratos.

Pese a estos hechos, la UCO no solicita al juez que se investigue a Torres por posibles delitos. El ministro ha insistido en que el informe no contiene ninguna acusación formal y ha denunciado una “campaña difamatoria” contra su persona. En una rueda de prensa, Torres fue tajante: “No hay mordidas, no hay pisos en Atocha, no hay mujeres explotadas sexualmente, no hay nada”. Además, anunció una demanda por intromisión en el honor contra Víctor de Aldama, quien aseguró haberle sufragado estancias en pisos con prostitutas.

Torres defendió su gestión durante la crisis sanitaria, asegurando que las decisiones tomadas entonces “salvaron vidas y la economía” del archipiélago y que, de encontrarse en la misma situación, “volvería a actuar igual”. También exigió al Partido Popular una disculpa por difundir las acusaciones vertidas por Aldama. Mientras tanto, el juez de la Audiencia Nacional continúa la investigación sobre la trama de comisiones en los contratos de mascarillas, uno de los casos de presunta corrupción más mediáticos surgidos tras la pandemia.