Torres Stinga asegura que el trasladarse a Las Palmas para los juicios de la Audiencia Provincial “triplicaría” los gastos
Insiste en la importancia de que la Audiencia Provincial siga trasladándose a Lanzarote y agradece al Cabildo su implicación
Yolanda Téllez
Foto: Archivo Lancelot
El decano del Colegio de Abogados, Francisco Torres Stinga, asegura que el tener que trasladarse a Las Palmas de Gran Canaria para la celebración de juicios de la Audiencia Provincial “triplicaría” los gastos.
Según manifiesta, el que la Audiencia Provincial venga a Lanzarote supone el traslado de una cinco personas. “Tres magistrados, más un funcionario y el secretario judicial”, explica. Sin embargo, cuando el juicio se celebra en Las Palmas, añade Torres Stinga, la media de traslado es “de unas 15 personas, entre abogados, fiscal, acusado, miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, testigos, peritos…”. El coste es muy superior”, insiste.
Por ello, entre otros motivos, insiste en la importancia de que la Audiencia Provincial siga trasladándose a Lanzarote y agradece al Cabildo su implicación, después de que anunciara que se personará en el Tribunal Supremo para que se sigan celebrando juicios de la Audiencia Provincial en la isla, ante una petición del Colegio de Abogados.
Y es que, el pasado 23 de abril, 10 de los 12 magistrados que conforman las tres secciones de la Audiencia Provincial formalizaron un recurso ante el Supremo contra un acuerdo del Consejo General del Poder General (CGPG), que establece la obligatoriedad de desplazarse a Lanzarote y Fuerteventura.
Según cuenta Stinga, entre los motivos que estos magistrados aducen para no venir a la isla, “manifiestan que no pueden conciliar la vida familiar y profesional y que el desplazamiento acarrea disfunciones en el servicio”. “Según ellos, el hecho de que se trasladen a Lanzarote para celebrar juicios provoca que se señalen menos vistas orales. Cosa que obviamente no compartimos y así lo hemos hecho saber”, añade el decano del Colegio de Abogados de Lanzarote.
Lo que solicitan estos magistrados es que se tomen medidas cautelares para dejar en suspenso esa obligatoriedad. “Mientras que se pronuncie, y esperemos que favorablemente a esta isla, tienen la obligatoriedad de venir”, concluye Torres Stinga.
