Ubaldo Becerra acusa a Dimas Martín de lucrarse de las comisiones y de ser el jefe

Señala con el dedo a Antonio Machín y a Elena Martín de ser culpables en un interrogatorio dirigido por el fiscal y sin que las defensas pudieran plantear sus dudas

El juicio sobre la supuesta trama de comisiones ilegales del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL) en el Ayuntamiento de Arrecife celebró este miércoles su segundo día de sesiones, que se centró en acabar con las cuestiones previas y en el inicio de los interrogatorios a los acusados que han llegado a acuerdos de conformidad con la Fiscalía, asumiendo sus culpas, con las consiguientes reducciones de penas.

El primero en declarar fue el ingeniero Antonio Cárdenas, a quien tras el acuerdo con el fiscal, se le pide solo una multa de 4.225 euros, por uso de información privilegiada. Cárdenas asumió su culpabilidad, sin más acabándose el interrogatorio sobre la marcha.

El resto de acusados que declararon este miércoles, en todos los casos se limitaron a responder a las preguntas del fiscal y de sus defensas, así como a las de los magistrados, negándose en todo momento a responder a las defensas de los acusados que no se han avenido a pactos con el fiscal. De este modo, todos los interrogatorios estuvieron dirigidos por el fiscal, encaminando las declaraciones a respaldar su tesis acusatoria y sin dar opción a los abogados defensores a plantear otro tipo de preguntas con el objeto de cotejar los testimonios con otros planteamientos que permitieran ponerlas en contradicción.

Además, el presidente de la sala se negó de plano a que las defensas dejaran, al menos, constancia de sus preguntas, lo que dio pie a que los letrados mostraran enérgicas protestas por este hecho.

Antes de las declaraciones fueron leídas de viva voz las testificales de dos de los acusados y a la vez testigos de cargo, arrepentidos, sobre los que se basa gran parte de la acusación de la Fiscalía, el ex edil de Arrecife José Miguel Rodríguez y Matías Curbelo, ambos ya fallecidos.

En ambos casos, se declaran culpables, del cobro de comisiones, arrepentidos y mostraron su deseo de colaborar, y apuntaron en los sucesivos testimonios realizados antes de su fallecimiento, en ambos casos, a Dimas Martín, como el presunto cabecilla de la trama. También señalan directamente a los ex ediles Ubaldo Becerra y Antonio Machín, como los que se repartían el dinero de las comisiones con el propio José Miguel Rodríguez y Curbelo, dejando una parte para el partido.

También Rodríguez culpó a Dimas Martín de ser quien ordenó que no se pagara al empresario Antonio Castellano una deuda por servicios prestados al Ayuntamiento de Arrecife, para así exigirle un 10% de comisión.

La misma acusación mantuvo el arrepentido ex edil Ubaldo Becerra, a quien la Fiscalía pide seis años de cárcel. Reconoció que cobró comisiones con José Miguel Rodríguez y acusó abiertamente a Antonio Machín y a Dimas de lucrarse de estas comisiones. Aunque a pesar de los continuos requerimientos del fiscal, no llegó a reconocer de forma expresa que existiera una estructura organizada de cobro, sino que pedían comisiones, se las repartían y guardaban algo para el partido, para actos, fiestas y eventos, vino a decir.

Se mostró especialmente duro con Antonio Machín y Dimas Martín, (ambos, como se sabe no se han plegado a los requerimientos del fiscal para un acuerdo de conformidad) y también sobre la ex jefa del servicio de contratación del Ayuntamiento, Elena Martín.

Becerra reconoció que todas las obras que se adjudicaban eran sin concurso y saltándose los procedimientos de contratación y que se fraccionaban hasta los 30.000 euros para así no tener que licitarlas.

El ex interventor no fiscalizaba los pagos, por un acuerdo con José Miguel Rodríguez.

También fue llamativa la declaración del ex interventor de Arrecife, Carlos Sáenz, al que la Fiscalía pide siete años de cárcel, aunque ha llegado a un acuerdo de conformidad.

Sáenz, que cumple condena por otra causa, reconoció que todas las facturas que le presentaba el ex edil de Hacienda, José Miguel Rodríguez, de empresarios a los que se les adjudicaban obras sin concurso de ningún tipo, las firmaba sin fiscalizar, ni supervisar previamente.

Según Sáenz, que tan solo contestó al interrogatorio del fiscal, sin dar opciones a las defensas de los otros acusados a plantearle cuestiones que pudieran hacerle caer en contradicción, nunca fiscalizó ninguna de las facturas del PIL, sin embargo preguntado por los magistrados, si eran solo las facturas del PIL o las de José Miguel Rodríguez, declaró que eran las de Rodríguez, como edil de Hacienda.

Durante los interrogatorios del fiscal se reconocieron por parte de los empresarios acusados, también avenidos a acuerdos de conformidad con la Fiscalía, pagos ilegales de comisiones, por parte de Antonio Gómez Ruíz, que Manuel Reina Fabre; o Manuel Martín Brito.

Pruebas no admitidas

También entre las cuestiones previas pendientes, la Sala acordó no admitir gran parte de las pruebas solicitadas por las defensas.

En este caso, no se admitieron los certificados del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), aportados por la abogada de Antonio Machín, Juana Fernández de las Heras. En este caso, no se trataba de los certificados expedidos por, la secretaria del TSJC que fueron anulados por sentencia, sino los aportados por el órgano de gobierno de los jueces (el CGPJ), que confirman que el magistrado instructor primero de la causa estaba sin jurisdicción, pues había sido sustituido por otro juez, estando de vacaciones.

Una prueba que las defensas consideran clave para invalidar una gran parte de las resoluciones de un proceso que se considera viciado, con multitud de irregularidades procesales,  que pudieron derivar en vulneración de derechos de los acusados.

También se desecharon otras pruebas, análisis forenses de las grabaciones y del disco duro del ordenador del Juzgado.

El juicio se reanudará el próximo lunes día 11, con la declaración de los acusados que no se han avenido a  acuerdos de conformidad con el Ministerio Fiscal. La primera en declarar será Elena Martín, le seguirán Rafael Arrocha, Antonio Machín y, finalmente, Dimas Martín.