Un bono de hasta el 80% para ayudar a pagar el veterinario en Lanzarote
Unidos por Lanzarote y La Graciosa plantea destinar 250.000 euros anuales a vacunas, microchips, tratamientos y emergencias veterinarias
- Lancelot Digital
Unidos por Lanzarote y La Graciosa (UPL) ha propuesto la creación de un Bono Veterinario Insular para ayudar a las familias de Lanzarote y La Graciosa a afrontar los gastos derivados del cuidado de sus animales, con especial atención a los hogares en situación de vulnerabilidad económica.
La iniciativa, denominada inicialmente "Lanzarote Cuida – Bono Veterinario Insular", tomaría como referencia el funcionamiento de Consume Lanzarote y contaría con un presupuesto piloto de 250.000 euros anuales.
El programa tendría dos modalidades. La primera sería un Bono Veterinario Preventivo, para el que UPL propone destinar 150.000 euros. El ciudadano podría adquirir, por ejemplo, un bono valorado en 60 euros abonando únicamente 30, mientras que el Cabildo aportaría la otra mitad.
El dinero podría utilizarse en clínicas veterinarias adheridas para vacunaciones, colocación de microchips, registros, desparasitaciones y revisiones preventivas, entre otros servicios relacionados con la tenencia responsable.
La segunda modalidad sería un Bono Veterinario Social dirigido a familias con pocos recursos. Contaría inicialmente con 75.000 euros y permitiría cubrir, con carácter general, hasta el 80% de determinados gastos en consultas, pruebas diagnósticas, tratamientos, medicamentos, cirugías, hospitalizaciones o urgencias.
Un fondo para operaciones veterinarias
UPL propone además reservar otros 25.000 euros para crear un Fondo Insular de Emergencia Veterinaria destinado a situaciones excepcionales en las que una familia no pueda asumir una intervención costosa.
"Hay familias que quieren a sus animales, los cuidan y son responsables, pero para las que una vacuna, poner un microchip o afrontar una enfermedad inesperada puede suponer un esfuerzo económico muy importante", señala el portavoz de UPL, Laureano Álvarez.
Las ayudas no serían entregadas directamente a los propietarios. El Cabildo abonaría o compensaría el importe correspondiente a las clínicas veterinarias una vez realizado y justificado el servicio.
Según los cálculos de la formación, los 250.000 euros de inversión pública podrían movilizar alrededor de 400.000 euros en servicios veterinarios y actividad económica local.
UPL plantea que los requisitos económicos para acceder a las ayudas sociales sean objetivos y que exista coordinación con los Servicios Sociales municipales. Las clínicas podrían adherirse voluntariamente al programa y los usuarios tendrían libertad para elegir entre los centros participantes.
La formación solicitará estudiar jurídicamente la puesta en marcha de la iniciativa y propone que en su diseño participen el Cabildo, los siete ayuntamientos, profesionales veterinarios y entidades vinculadas al bienestar animal. "Bienestar animal no puede significar únicamente actuar cuando un animal ya ha sido abandonado. También tenemos que trabajar para evitar que llegue a producirse ese abandono", concluye Álvarez.
