Vivir sobre ruedas

Las autocaravanas dejan de ser una opción de ocio para convertirse en refugio ante la crisis de vivienda

Hace años, las autocaravanas en Lanzarote estaban ligadas principalmente a escapadas de fin de semana, surfistas o veranos junto al mar en las playas de Papagayo. Hoy, muchas ya no están de paso. Permanecen semanas, meses e incluso años estacionadas en solares, márgenes de carreteras o zonas industriales porque, para decenas de personas, se han convertido en la única vivienda posible ante la imposibilidad de acceder a un alquiler y ante la escasa oferta existente.

El fenómeno es cada vez más visible en distintos puntos de la isla. Las caravanas estacionadas en el llano de la calle Tenderete, en Argana, o en las inmediaciones de Puerto Naos han transformado por completo la imagen tradicional de la acampada. Situaciones similares se repiten también en Costa Teguise y otras localidades, donde en ocasiones pueden verse más de una docena de vehículos instalados durante largos periodos de tiempo en un mismo lugar.

Detrás de muchas de estas autocaravanas ya no hay turistas ni viajeros itinerantes, sino trabajadores, parejas o familias que no encuentran una vivienda asequible. El elevado precio de los alquileres y la escasez de oferta han provocado que muchas personas opten por comprar caravanas de segunda o tercera mano, algunas por entre 20.000 y 30.000 euros, o directamente camperizar una furgoneta antigua como fórmula más económica para tener un techo.

Sin alternativas habitacionales

Desde la Asociación de Caravanistas de Lanzarote (ACRAL), su presidente, Miguel Ángel Ramírez, confirma que el principal motivo detrás de este incremento es la crisis habitacional que atraviesa la isla. “La causa es la vivienda, por el grave problema que tenemos. Pero claro, a los caravanistas que vamos de camping, que vamos a áreas de estacionamiento, nos miran mal. Lo cierto es que mucha gente que vive en caravanas debería tener más cuidado”, explica.

Ramírez diferencia entre el caravanismo tradicional y quienes utilizan estos vehículos como residencia permanente. “Nosotros tenemos de todo, estamos uno o dos días, o tres, y nos marchamos. Pero hay personas que están viviendo ahí porque no tienen otra alternativa”.

El presidente de ACRAL reconoce además que el fenómeno plantea problemas de convivencia y de gestión de residuos, especialmente en zonas que carecen de servicios básicos. “La normativa señala que se puede estar 72 horas. Pasado ese tiempo hay que salir a vaciar las aguas grises, el químico o repostar. No podemos estar parados ahí, pero estamos hablando de gente que lo hace por necesidad. El problema es dónde hacen sus cosas, cómo vacían todo”.

Por ello, reclama a las administraciones públicas que habiliten espacios adecuados y regulados. “Las autoridades y los ayuntamientos deberían buscar sitios que tengan agua, puntos de vaciado y donde tirar la basura”.

Una ordenanza reguladora

Desde el Cabildo de Lanzarote ya se trabaja en una ordenanza provisional insular para definir zonas de pernocta, aunque no de acampada. El consejero de Ordenación Territorial, Jesús Machín, explica que la institución pretende regular una realidad que no deja de crecer. “Queremos establecer zonas con una estancia máxima de 72 horas y estamos tramitándolo. Ya tenemos el documento recepcionado y ahora estamos viendo cómo evoluciona”, señala.

La propuesta contempla espacios dotados de servicios básicos como suministro de agua, puntos de vaciado de aguas grises y gestión de residuos, con el objetivo de ordenar un fenómeno que, lejos de reducirse, parece consolidarse como una de las consecuencias más visibles de la crisis de vivienda que atraviesa Lanzarote.

El PP plantea una regulación municipal

El Partido Popular de Lanzarote también ha puesto sobre la mesa la necesidad de regular el uso de autocaravanas, caravanas y campers en la isla. La formación llevará a los distintos ayuntamientos una propuesta de ordenanza municipal para ordenar el estacionamiento, limitar la acampada libre y habilitar zonas específicas con servicios básicos.

La presidenta insular del PP, Astrid Pérez, defiende que el objetivo “no es restringir este tipo de turismo, sino ordenarlo y dotarlo de seguridad jurídica”, ante una realidad que asegura que “ha ido creciendo con los años” y que ya está presente en todas las islas.