Vox cifra en casi 11 millones el gasto del Cabildo en menores en tres años
Óscar Pérez reclama transparencia sobre los recursos destinados a la acogida y critica el impacto en las arcas públicas
- Lancelot Digital
El grupo político Vox en el Cabildo de Lanzarote ha denunciado que la institución insular ha destinado casi once millones de euros en los últimos tres años a la acogida residencial de menores, incluidos menores migrantes no acompañados.
El consejero de Vox, Óscar Pérez, ha hecho públicos estos datos tras solicitar información al propio Cabildo. Según explica, la respuesta oficial refleja un gasto total de 10.996.332,08 euros en este periodo.
“De la respuesta cabildicia se deduce que, en los últimos tres años, el Cabildo de Lanzarote ha gastado 10.996.332,08 euros en la acogida residencial de menores en la isla”, señala Pérez, quien añade que, aunque inicialmente se hace referencia a la Red Insular de acogimiento —compuesta desde 2015 por cuatro centros con 50 plazas—, también se reconoce la presencia de menores migrantes en estos recursos.
El consejero detalla que, con el aumento de llegadas, se habilitaron nuevos espacios como el centro de menores de Yaiza, con 15 plazas desde 2018, y el albergue de La Santa, con capacidad para 80 menores desde 2019. No obstante, critica que no se mencionen otros dispositivos de acogida utilizados en la isla.
En cuanto a la evolución de la atención, Pérez apunta que en 2023 fueron atendidos 596 menores migrantes no acompañados, mientras que en 2024 la cifra descendió a 210.
Desde Vox consideran que este gasto debe ser conocido por la ciudadanía y cuestionan su impacto. “Estamos hablando de casi once millones de euros de los lanzaroteños en los últimos tres años”, afirma el consejero, quien sostiene que estos recursos “no repercuten en el bienestar de los lanzaroteños”.
Asimismo, Pérez critica la financiación estatal y europea en materia migratoria y asegura que Canarias no recibe fondos suficientes para hacer frente a esta situación. En este sentido, responsabiliza al Gobierno central de la gestión del fenómeno migratorio y del coste que, a su juicio, asumen las administraciones locales y autonómicas.
