Vuelven a denunciar a Oswaldo Betancort
El PSOE eleva ante la Junta Electoral una nueva querella
- Lancelot Digital
El PSOE de Lanzarote vuelve a llevar al presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, ante la Junta Electoral, apenas una semana después de que este organismo desestimara una denuncia anterior de los socialistas por unas declaraciones sobre vivienda realizadas en Lancelot. En esta ocasión, el partido denuncia la utilización de las redes sociales institucionales para anunciar el proyecto de renovación de la carretera entre Arrecife y Costa Teguise, al considerar que podría vulnerar la legislación electoral en plena campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre.
La denuncia, registrada este miércoles 4 de noviembre por Cristina Duque Ramírez, representante del PSOE ante la Junta Electoral, señala directamente al presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort (CC); a la vicepresidenta, María Jesús Tovar (PP), y al consejero de Obras Públicas, Jacobo Medina (PP).
Según el escrito, el pasado 28 de octubre se utilizó la cuenta institucional de Instagram del Cabildo de Lanzarote para dar publicidad al proyecto de renovación de la carretera entre Arrecife y Costa Teguise, incluyendo la inversión prevista.
El PSOE considera que se vulnera la ley electoral
Los socialistas sostienen que esta publicación podría infringir el artículo 50.2 de la LOREG, que establece restricciones a las campañas institucionales durante el periodo electoral.
En su denuncia argumentan que, aunque publicar en Instagram no suponga un coste adicional para la institución, se utiliza el nombre y la imagen del Cabildo para promocionar una actuación pública.
El PSOE también señala que la información relativa a este tipo de proyectos debe difundirse a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público y del Perfil del Contratante del Cabildo.
La actuación cuestionada corresponde al proyecto de renovación de la carretera LZ-18, que conecta Arrecife con Costa Teguise, cuya licitación fue anunciada por el Cabildo con una inversión cercana a los cinco millones de euros y un plazo previsto de ejecución de seis meses.
La denuncia solicita a la Junta Electoral que tenga por formulada la reclamación. Por el momento, el escrito aportado no recoge ninguna resolución del organismo electoral ni acredita que se haya producido una infracción.
La controversia se produce en plena precampaña de las elecciones generales del 29 de noviembre, cuando la legislación electoral limita la publicidad institucional de los logros de las administraciones públicas.
