Yaiza estudia la posibilidad de abrir tres expedientes de revisión de licencias tras las condenas a Bartolomé Fuentes y Carrasco

Ambos funcionarios recurrirán la sentencia ante la Audiencia Provincial. El Ayuntamiento aún no ha recibido la notificación oficial de las condenas

C. S.

El Ayuntamiento de Yaiza aún no ha recibido notificación oficial de la sentencia judicial que condena a cuatro meses de prisión y dos años y un mes de inhabilitación tanto al secretario interventor de esa Corporación, Vicente Bartolomé Fuentes, como al técnico aparejador Pablo Carrasco. Y por eso, el grupo de gobierno del Consistorio aún no ha tomado decisión alguna tras dicha sentencia.

No obstante, según ha podido saber Lancelot Digital, las autoridades municipales sureñas ya barajan la posibilidad de abrir sendos expedientes de revisión de las tres licencias otorgadas con informes técnicos favorables de esos funcionarios y que originaron dicha condena.

Se trata de dos viviendas unifamiliares construidas en la calle La Vista de Yaiza, y una tercera en la Plaza San Marcial Nº 2 Bis de Femés, en los tres casos en suelo rústico, según la referida sentencia.

Por lo tanto, dichas viviendas unifamiliares ven ahora peligrar sus respectivas licencias, ya que si bien estas no han sido objeto en sí del juicio mencionado, sí ha quedado acreditado en la sentencia que su otorgamiento ha sido una “injusticia”, por no ajustarse al planeamiento vigente.

Por su parte, según fuentes consultadas por Lancelot Digital, tanto Vicente Bartolomé Fuentes como Pablo Carrasco recurrirán ante la Audiencia Provincial la sentencia condenatoria del Juzgado de lo Penal Nº 1 de Arrecife. De concretarse esos recursos, la sentencia no sería aún firme, por lo que no tendrían todavía efecto ni la condena de prisión –que en cualquier caso, tampoco sería de cumplimiento efectivo- ni la inhabilitación.

Si bien desde el grupo de gobierno de Yaiza no quieren hacer valoración alguna sobre dicha sentencia hasta que no esté el Ayuntamiento oficialmente notificado, no sería intención de las autoridades municipales apartar a esos dos funcionarios de sus tareas hasta tanto la sentencia no sea firme y sea por lo tanto la propia Justicia la que les inhabilite.