Alerta de que cambiar la sedición y la malversación estimula atentar contra la Constitución

Exministros y exaltos cargos del PSOE levantan la voz contra la nueva normativa

Los cambios que impulsa el Gobierno de Pedro Sánchez en el Código Penal para eliminar el delito de sedición y rebajar las penas de la malversación han hecho elevar la voz a varios exministros, ex altos cargos socialistas y personalidades del mundo jurídico y académico, que han llegado a firmar un manifiesto de rechazo ante la nueva normativa que consideran que supondrá “un estímulo” a comportamientos que atenten contra la Constitución.

El documento emitido por la Asociación para la defensa de los valores de la Transición que agrupa a antiguos cargos de distintas fuerzas políticas, rechaza de plano el argumento expresado por el Gobierno que justifica estos cambios para homologar los tipos penales con las principales democracias europeas.

Creen los firmantes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, utiliza el pretexto de que las penas por estos delitos en los países europeos son inferiores a las existentes en España. “Esto no es cierto porque no se puede obviar que el Código Penal español permite bajar la pena de la sedición hasta los dos años y porque el delito de sedición se castiga en Europa de manera similar a España”, sostienen. “La cuestión no está en el nombre del delito sino en saber si los hechos que castiga el actual tipo de sedición en España están castigados con menores penas fuera de nuestras fronteras. Pese a las diferencias formales y a las tradiciones legislativas penales de cada país, los delitos y las penas en materia de sedición en nuestro Código Penal son muy similares a las de otros países de nuestro entorno como Alemania, Francia e Italia”, indica el texto.

Reclaman por tanto la retirada de la proposición de ley presentada por PSOE y Unidas Podemos y piden a las Cortes Generales la tipificación urgente de un delito contra la Constitución “con las penas recogidas en los códigos penales de las naciones europeas más avanzadas” para evitar un “vacío legal” que pueda dividir “aún más” la convivencia entre españoles.

Entre los firmantes están el exministro de Cultura, César Antonio Molina; el exministro de Obras Públicas y exportavoz del grupo socialista en el Congreso Javier Saenz Cosculluela; el exministro de la Presidencia, Virgilio Zapatero; el exministro de Defensa y Sanidad Julián García Vargas; y el exministro del Interior José Luis Corcuera, todos ellos del PSOE.

También el exministro de Economía, José Luis Leal y la exministra de Cultura, Soledad Becerril, ambos de UCD; la exsenadora y ex Secretaria de Internacional de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, Elena Flores y el exvicepresidente del Tribunal Constitucional, Manuel Aragón (que en su día contribuyó a declarar inconstitucional aspectos relevantes del Estatut catalán).

Asimismo, suscriben relevantes excargos del PSOE como Francisco Vázquez, exalcalde de La Coruña; Nicolás Redondo Terreros, exsecretario general del PSE; Manuel Jiménez Barrios, exvicepresidente de la Junta de Andalucía; el exconsejero andaluz Paulino Plata; el exsecretario general de la Vicepresidencia del Gobierno Rafael Delgado Rojas; el excandidato socialista al Ayuntamiento de madrid, Antonio Miguel Carmona; y otros exdiputados socialistas como José Acosta, Alejandro Cercas, Salvador Clotas, Miguel Ángel Ibáñez Giner o Salvador Fernández Moreda, entre otros.

También lo firman, el exfiscal general del Estado Eligio Hernández; el expresidente de la Real Fundación Elcano Elimio Lamo de Espinosa; el catedrático de Derecho Constitucional Francesc de Carreras; o el catedrático de Derecho Mercantil Jesús Quijano.

Entre los firmantes de este manifiesto hay decenas de exalcaldes, exparlamentarios, embajadores, profesores de universidad y personas vinculadas al mundo del Derecho. En total suscriben el texto más de 300 personas y una veintena de entidades.