Alertan de que la subida del SMI pone en riesgo servicios esenciales
La Confederación alianzAS reclama adaptar los contratos públicos para garantizar la continuidad y sostenibilidad del empleo y los servicios básicos
- Lancelot Digital
alianzAS, la confederación que integra a asociaciones y empresas de servicios esenciales que representan a más de 1,5 millones de trabajadores y un 2,25% del PIB, ha analizado la nueva propuesta de subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) trasladada por el Ministerio de Trabajo tras el proceso de participación pública y la reunión con los agentes sociales.
La propuesta plantea un incremento del 3,1%, lo que supondría una subida de 37 euros mensuales, pasando de los actuales 1.184 euros a 1.221 euros al mes en 14 pagas, manteniendo además la exención del SMI en el IRPF, una medida consensuada con el Ministerio de Hacienda. Esta opción responde a una de las recomendaciones del Comité de Expertos que asesora al Gobierno en materia de SMI.
Para alianzAS, más allá del porcentaje concreto de incremento, el principal riesgo sigue siendo la ausencia de medidas que permitan trasladar estos aumentos salariales a los contratos públicos de servicios esenciales, muchos de ellos de larga duración y sometidos a un marco normativo rígido.
La organización recuerda que los sectores que representa —limpieza, mantenimiento integral de edificios, restauración colectiva, atención a mayores, cuidados para personas dependientes y atención domiciliaria, servicios de instalaciones deportivas, contact centers, centros especiales de empleo y servicios energéticos— concentran entre el 80% y el 90% de sus costes en salarios. Cualquier incremento del SMI tiene, por tanto, un impacto inmediato y multiplicado que no puede ser absorbido si no se revisan las condiciones económicas de los contratos en vigor.
En este sentido, y aunque la nueva propuesta no aborda ninguna modificación de la Ley de Contratos del Sector Público ni de la Ley de Desindexación, que impiden actualizar los precios de los contratos para absorber incrementos de costes estructurales como el SMI, la Confederación considera positivo que desde el Ministerio de Trabajo se haya manifestado la disposición a explorar, junto con los ministerios competentes, posibles fórmulas que permitan relajar parcialmente las normas de desindexación en la contratación pública y tener en cuenta los incrementos continuados del SMI en los importes de los contratos públicos.
Asimismo, la Confederación valora positivamente que la propuesta trasladada por el Ministerio de Trabajo no incluya cambios en las reglas de compensación y absorción salarial, una cuestión especialmente sensible para los sectores intensivos en personas trabajadoras y que, de abordarse, debería hacerse con pleno respeto al Estatuto de los Trabajadores y a la negociación colectiva.
En este contexto, alianzAS confía en que el compromiso expresado por el Ministerio de Trabajo para abordar la revisión de precios de los contratos públicos pueda concretarse en un marco efectivo, teniendo en cuenta que esta es una reivindicación histórica de las organizaciones empresariales y que ha contado en distintas ocasiones con el respaldo del propio Ministerio y de los sindicatos mayoritarios, al reconocer que no resulta coherente impedir que las empresas repercutan parte de las subidas salariales en las licitaciones públicas.
Por todo ello, alianzAS insiste en la necesidad de abrir una mesa de diálogo técnico específica sobre el impacto del SMI en los servicios esenciales, que permita garantizar un desarrollo normativo realista, aplicable y compatible con la calidad y continuidad de estos servicios.
"El objetivo de alianzAS es constructivo: proteger el empleo, asegurar la sostenibilidad de los servicios esenciales y ofrecer certidumbre a empresas y trabajadores, evitando que decisiones bienintencionadas tengan efectos indeseados sobre la prestación de servicios públicos básicos", señala Javier Sigüenza, presidente de alianzAS.
En este contexto, la Confederación reitera que su posición no es de confrontación, sino de colaboración proactiva con las administraciones públicas para asegurar que cualquier subida del SMI vaya acompañada de soluciones viables para los sectores que sostienen el día a día de la ciudadanía.
