Así podrían cambiar las multas de tráfico en España
El Congreso propone pagar hasta 5 veces más según la renta
- Lancelot Digital
Las multas de tráfico podrían cambiar en España si prospera una propuesta legislativa registrada en el Congreso de los Diputados por el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar.
La iniciativa plantea que determinadas sanciones económicas se ajusten en función de los ingresos del conductor infractor, de manera que una misma infracción conlleve una cuantía distinta según la capacidad económica de la persona sancionada.
Esta medida no está aprobada ni se aplica actualmente. Se trata de una proposición de ley que debe superar toda la tramitación parlamentaria correspondiente antes de poder entrar en vigor.
El objetivo del texto es modificar el sistema actual, en el que la cuantía de las sanciones se establece con carácter general en función de la gravedad de la infracción y no de la renta de los ciudadanos.
La propuesta ha reabierto el debate sobre las denominadas multas progresivas, un modelo que ya funciona en varios países europeos para determinados supuestos y que busca que la sanción económica tenga un efecto proporcional según los ingresos de cada persona.
Multas de tráfico según la renta: tramos e incrementos
La iniciativa propone modificar la Ley de Tráfico para introducir un sistema de sanciones progresivas. Según el texto registrado, las cuantías económicas podrían incrementarse notablemente para los conductores con rentas más altas, estableciendo tres tramos específicos:
De esta forma, una multa habitual de 200 euros mantendría el mismo importe para la mayoría de los conductores, pero se elevaría de forma sustancial para quienes superen los umbrales de renta fijados en la proposición de ley.
El planteamiento parte de que una sanción no causa el mismo impacto en una renta baja que en una elevada, buscando un mayor carácter disuasorio.
La postura de la DGT ante el nuevo modelo
El director general de Tráfico, Pere Navarro, ha reconocido el interés del debate sobre las multas vinculadas a la renta, aunque también ha señalado la complejidad técnica de aplicar un modelo de estas características en España.
El principal obstáculo administrativo sería la necesidad de cruzar información sobre sanciones de tráfico con los datos fiscales de los infractores. Esta cuestión implicaría realizar profundos cambios técnicos, administrativos y legales para determinar con exactitud qué ingresos deben tenerse en cuenta y cómo se aplicaría el cálculo automatizado de la sanción en cada caso concreto.
Por ahora, no existe una fecha para la implantación de este sistema.
Cómo funciona el sistema de sanciones actual
El modelo vigente en España establece la cuantía de las multas exclusivamente en función del tipo de infracción. La normativa actual distingue entre tres niveles de gravedad:
Infracciones leves: Sancionadas con multas de hasta 100 euros.
Infracciones graves: Conllevan una sanción general de 200 euros.
Infracciones muy graves: Tienen una penalización de 500 euros.
Las infracciones por exceso de velocidad quedan excluidas de esta norma general y se sancionan según una escala específica.
Además, muchas de las conductas habituales implican la pérdida de puntos del carné de conducir, como usar el teléfono móvil al volante (200 euros y seis puntos), no utilizar el cinturón de seguridad (200 euros y cuatro puntos) o no respetar un stop o semáforo en rojo (200 euros y cuatro puntos).
En el caso de la conducción bajo los efectos del alcohol, las multas oscilan entre los 500 y los 1.000 euros. Las tasas máximas permitidas son de 0,15 mg/l en aire espirado para noveles y profesionales, y de 0,25 mg/l para el resto, considerándose delito penal a partir de los 0,60 mg/l.
El consumo de drogas también se castiga por la mera presencia de estas sustancias en el organismo durante la conducción.
El espejo de Europa y los trámites pendientes
Las multas proporcionales a la riqueza no son una novedad en el continente. La propuesta registrada cita los modelos aplicados en países como Finlandia, Suecia, Dinamarca, Suiza o Reino Unido, donde determinadas sanciones se calculan según los ingresos para garantizar un impacto económico real en las rentas altas.
Para que este sistema se aplique en España, la proposición de ley debe iniciar su debate en el Congreso, superar las fases de enmiendas y votaciones en las cámaras y recibir la aprobación definitiva. Hasta que este proceso parlamentario concluya, las sanciones en las carreteras españolas mantendrán las cuantías fijas actuales.
