El caso Mascarillas pasa a manos de la Fiscalía Europea
El organismo comunitario reclama al Juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas ejercer la acusación pública al sospechar que se usaron fondos de la UE
El caso Mascarillas sigue creciendo. Ahora la Fiscalía Europea ha decidido asumir la investigación del caso Mascarillas, porque considera que la posible estafa de cuatro millones de euros que habría sufrido la sanidad canaria al inicio de la pandemia de COVID-19 puede afectar a fondos europeos y, en consecuencia, ha pedido al juzgado al cargo de la causa que “se abstenga” de practicar nuevas diligencias, tal y como publica Diario de Avisos.
En un decreto emitido desde su sede en Madrid, la Fiscalía Europea anuncia que activa su “derecho de avocación” para asumir la competencia sobre el caso y su investigación, ya que sospecha que el dinero que pagó por adelantado el Servicio Canario de la Salud para adquirir un millón de mascarillas FFP3 que nunca recibió podían proceder del Feder (Fondo Europeo de Desarrollo Regional). Sin embargo, fuentes del Gobierno de Canarias negaron ayer en el Pleno celebrado en el Parlamento autonómico que se destinaran fondos europeos para ello, como informó la Televisión Canaria.
El texto del decreto de la Fiscalía Europea, adelantado ayer por el periódico El Cierre Digital, recuerda que, de acuerdo con el derecho comunitario, las autoridades nacionales que estaban investigando esta presunta malversación de fondos públicos (el Juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria y la Fiscalía Anticorrupción) “están obligadas a remitir sus actuaciones”. Esta intervención de la Fiscalía Europea no tiene un carácter particularmente excepcional, a tal punto que sirve como ejemplo de ello que también actúa del mismo modo en un caso muy similar acaecido en la Comunidad de Madrid, donde se ha visto implicado el hermano de la presidenta, Isabel Díaz Ayuso.
Sea como fuere y tras conocer la decisión que nos ocupa, el Juzgado de Instrucción 7 de Las Palmas de Gran Canaria ha suspendido las declaraciones que tenía previsto para mañana tras recibir esta comunicación, en un caso en el que figuran como imputados el exdirector del Servicio Canario de la Salud, Conrado Domínguez, que dimitió la pasada semana, precisamente debido a esta causa; la exdirectora de Recursos Económicos de la sanidad pública canaria, Ana María Pérez; el empresario Rayco Rubén González, dueño de RR7; la madre y la hermana de Rayco Rubén González, Adoración Sánchez y Belén Alemán, respectivamente; otro empresario afín a González llamado Kevin Sánchez, y, según adelantó ayer Canarias 7, a ellos se les ha sumado un conocido de Conrado Domínguez llamado Oswaldo Lastras.
Según los hechos que se investigan, el Servicio Canario de la Salud abonó en 2020, al inicio de la pandemia de coronavirus, cuatro millones de euros por una partida de un millón de mascarillas FFP3 que nunca recibió de la sociedad RR7, una empresa dedicada al comercio de coches sin experiencia anterior en la importación de material sanitario. Las mascarillas contratadas llegaron al aeropuerto de Gran Canaria, pero Aduanas las intervino y las destruyó, porque eran falsificaciones de productos de la firma 3M. Ante ello, el Servicio Canario de la Salud decidió rescindir el encargo a RR7.
Y un año más tarde, en 2021, Conrado Domínguez autorizó que ese contrato se reactivara, a pesar de que legalmente estaba ya rescindido, y se diera a RR7 la oportunidad de importar otra partida de 1,2 millones de mascarillas de otra marca a cuenta del dinero que ya había cobrado, mascarillas que el SCS tampoco recibió.
Además, el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, se opuso ayer a abrir una comisión de investigación sobre este caso, a la par que criticó el “uso político” que del mismo, a su juicio, quieren hacer CC y PP. En respuesta a preguntas de los grupos Nacionalista y Popular en la sesión de control, Torres pidió “dejar trabajar a la justicia” y no entiende que se pida una comisión “cuando ya se investiga” en los juzgados y una vez que Conrado Domínguez ha tenido que dejar el cargo, dada la pérdida de confianza en el mismo a raíz de las pesquisas judiciales.
