El expresidente de Plus Ultra reconoce ante el juez un pacto de comisiones que apunta a Zapatero

Martínez Sola ratifica que la aerolínea abonó 530.000 euros, el 1% del rescate, a sociedades vinculadas al empresario señalado como hombre de confianza del expresidente

Giro absoluto en la investigación sobre el rescate de Plus Ultra. El expresidente y principal accionista de la aerolínea, Julio Martínez Sola, ha ratificado este lunes ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama que la compañía pactó el pago de una comisión equivalente al 1% de los 53 millones de euros recibidos del Estado, en el marco de las gestiones destinadas a conseguir el rescate público. La cantidad abonada ascendió a unos 530.000 euros.

Martínez Sola, que ha declarado durante unas tres horas, ha mantenido ante el magistrado la versión que ya había trasladado por escrito en julio. Según su relato, en abril de 2020 recibió una llamada desde un número oculto del entonces expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, quien le habría puesto en contacto con el empresario Julio Martínez Martínez, persona de su confianza y señalado por los investigadores como supuesto intermediario de Zapatero.

A partir de ese contacto, Plus Ultra suscribió con Análisis Relevante, una sociedad vinculada a Martínez Martínez, un contrato de asesoramiento por 5.000 euros mensuales durante un año, más IVA. El contrato se justificó formalmente como servicios de consultoría, aunque Martínez Sola ha admitido que no tuvo constancia de que se realizaran trabajos concretos que justificasen esos pagos.

La operación incluía además una segunda contraprestación vinculada directamente al éxito del rescate: el 1% de la financiación obtenida de la SEPI. Los pagos se canalizaron a través de tres sociedades relacionadas con Martínez Martínez: Análisis Relevante, Voli Analítica e IOT Domotic Europe. Según la documentación incorporada a la causa, se abonaron 249.000 euros a la primera, 98.617,53 a la segunda y 110.799,47 a la tercera. A estas cantidades se sumaron pagos en especie relacionados con numerosos vuelos en clase business utilizados por Martínez Martínez y que, según la investigación, no fueron abonados por este.

Durante su declaración de este lunes, Martínez Sola habría explicado que asumió que ese dinero estaba destinado al denominado «grupo Zapatero» y que aceptó el pago porque la situación financiera de Plus Ultra era «límite» y los responsables de la compañía estaban desesperados por conseguir financiación. Según elDiario.es, el empresario llegó a resumir su posición ante el juez con la expresión: «Ante la duda, yo pagaba».

Sin embargo, existe un elemento fundamental que limita el alcance de estas acusaciones: Martínez Sola no ha podido concretar qué gestiones realizó personalmente Zapatero ante el Gobierno o la SEPI ni ha aportado pruebas de una intervención directa del expresidente para conseguir el rescate. El propio empresario ya había reconocido en su escrito judicial que no tenía constancia fehaciente de cuáles fueron las actuaciones concretas desarrolladas para favorecer la concesión de la ayuda.

El rescate, aprobado en 2021 con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) gestionado por la SEPI, ascendió a 53 millones de euros. La investigación trata de determinar si se produjo tráfico de influencias y si parte de los fondos públicos acabó desviándose mediante pagos encubiertos o servicios ficticios.

La declaración de Martínez Sola se produce después de que Julio Martínez Martínez, amigo de Zapatero, señalara también al expresidente ante el juez y afirmara que este «marcaba los pasos a seguir» en las gestiones para conseguir la financiación. Los exdirectivos de Plus Ultra han situado así a Zapatero en el centro de la operación, aunque hasta ahora no existe una prueba directa de que interviniera ante ningún responsable del Gobierno para obtener el rescate.

La investigación judicial se encuentra además en plena expansión. El juez Calama autorizó en julio a la UDEF a rastrear decenas de cuentas bancarias de Zapatero, de sus hijas Alba y Laura, de su secretaria Gertrudis Alcázar, de Julio Martínez Martínez y de sociedades relacionadas con la investigación. Las hijas del expresidente y su secretaria figuran como investigadas desde junio.

El magistrado también ha rechazado recientemente la petición de Zapatero para declarar la nulidad general de la causa, por considerar que no se han vulnerado sus derechos y que las principales pruebas incorporadas al procedimiento son válidas.

Además, la Fiscalía mantiene abiertas otras líneas de investigación, entre ellas la relacionada con las joyas valoradas inicialmente en 1,3 millones de euros encontradas en el despacho del expresidente y cuyo origen debe explicar. También se analiza el supuesto capital venezolano de Plus Ultra y su posible relevancia a la hora de conceder el rescate.

La investigación continúa este martes, cuando está previsto que declare ante Calama el exconsejero delegado de Plus Ultra, Roberto Roselli, quien también presentó un escrito en julio en el que señalaba la existencia de pagos vinculados al éxito de la operación. Su declaración será especialmente relevante para determinar si corrobora el relato de Martínez Sola y qué conocimiento tenía la cúpula de la compañía sobre el destino de las comisiones.