El fiscal general del Estado, condenado

El Supremo le acusa de revelar datos reservados y lo aparta del cargo durante dos años

Álvaro García Ortiz se convirtió este jueves en el primer fiscal general del Estado en recibir una condena penal. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, por mayoría, lo declara responsable de un delito de revelación de información reservada —artículo 417.1 del Código Penal— por su participación en la filtración de datos del procedimiento por presunto fraude fiscal que afecta a Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.

El tribunal le impone dos años de inhabilitación especial para ejercer como fiscal general, así como una multa simbólica de 12 meses a razón de 20 euros diarios, lo que asciende a 7.200 euros. Además, deberá indemnizar con 10.000 euros a González Amador por los daños morales ocasionados.

El fallo avanzado este jueves no incluye aún la fundamentación jurídica, que se dará a conocer en los próximos días. El motivo: la magistrada asignada inicialmente a la ponencia, Susana Polo, junto a Ana María Ferrer, ha mostrado su discrepancia con la mayoría, lo que obligó a que el presidente de la Sala II, Andrés Martínez Arrieta, asumiera la redacción definitiva. Ambas magistradas preparan votos particulares.

El Supremo también comunica que García Ortiz queda absuelto del resto de cargos que le atribuían las acusaciones.