El hermano de Sánchez al banquillo por el "enchufe " en Badajoz

La Audiencia Provincial desestima los recursos y confirma que existen indicios de prevaricación administrativa y tráfico de influencias.

La Audiencia Provincial de Badajoz ha confirmado que David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, se sentará en el banquillo de los acusados por las presuntas irregularidades en su contratación como coordinador de los conservatorios de música de la Diputación de Badajoz en 2017. El tribunal ha rechazado los recursos de Sánchez y otros diez procesados, entre ellos el líder del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, y ha ordenado la celebración del juicio por los delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias.

Los magistrados sostienen que la investigación de la jueza Beatriz Biedma ofrece “indicios suficientes” sobre el carácter delictivo de las conductas imputadas y descartan la petición de archivo realizada por las defensas. La resolución, que no es recurrible, avala que el puesto de alta dirección adjudicado a Sánchez presentaba “irregularidades formales evidentes” y fue adaptado a sus “exclusivas preferencias personales”, llegando incluso a cambiar de nombre en 2022 para convertirse en la Oficina de Artes Escénicas.

El tribunal subraya que el propio David Sánchez no supo definir con claridad sus funciones durante la fase de instrucción y que los indicios del supuesto tráfico de influencias aparecen reflejados en correos electrónicos intervenidos, donde se constata su cercanía con otro de los procesados, el ex trabajador de Moncloa Luis Carrero, y un conocimiento previo de que se le iba a conceder el puesto.

Entre los acusadores se encuentran Manos Limpias, así como PP, Vox y otras organizaciones, que reclaman tres años de cárcel para Sánchez y otros tantos para Gallardo. La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, expresó el “máximo respeto” a las decisiones judiciales y confió en que “la verdad se abrirá camino y pondrá las cosas en su sitio”.

Los jueces también cuestionan la defensa de Sánchez y Gallardo, que alegaron que Pedro Sánchez había perdido influencia tras dimitir como secretario general del PSOE en octubre de 2016. La Audiencia recuerda que el líder socialista recuperó el cargo pocos meses después, en pleno proceso de adjudicación de la plaza, lo que a juicio del tribunal refuerza la tesis de que la creación del puesto pudo responder a intereses relacionados con su entorno.