Estupor por la petición del Gobierno de Pedro Sánchez de movilizarse por la vivienda

La llamada de Yolanda Díaz a intensificar las protestas reabre el debate sobre la gestión de la vivienda durante la legislatura

Tras ocho años de Gobierno de Pedro Sánchez, la vivienda vuelve a situarse en el centro del debate político y social. El desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años desalojada de su vivienda en Madrid por un fondo de inversión, ha reactivado las protestas y ha colocado al Ejecutivo ante nuevas exigencias incluso desde sus socios de Gobierno.

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha reclamado una mayor movilización social y ha defendido la necesidad de aprobar un decreto de vivienda que actúe contra los fondos de inversión. Díaz también ha respaldado las protestas surgidas en Madrid y ha insistido en que no debería producirse ningún desahucio sin una alternativa habitacional.

La situación contrasta con los resultados acumulados durante estos ocho años. En este periodo se han producido cientos de miles de lanzamientos judiciales en España, con una media aproximada que ronda el centenar diario si se toma como referencia el conjunto de los años. La cifra incluye distintos tipos de procedimientos y no equivale exclusivamente a desahucios de vivienda habitual. Al mismo tiempo, el Gobierno ha anunciado reiteradamente objetivos para ampliar el parque de vivienda pública y de alquiler asequible. Uno de ellos fijaba en 184.000 las viviendas que debían movilizarse; en 2024 el Ejecutivo cifraba el avance en 80.745 y actualmente habla de más de 120.000.

El último movimiento del Ejecutivo tampoco ha despejado las dudas sobre la capacidad de respuesta ante el problema. El pasado 7 de septiembre presentó el portal de CASA47 para facilitar el acceso a vivienda pública, pero la plataforma arrancó con 800 viviendas disponibles para toda España, una cifra que el Gobierno prevé ampliar próximamente con otras 1.500. Una puesta en marcha que vuelve a poner el foco en la distancia entre la dimensión del problema de la vivienda y los recursos disponibles para hacerle frente.