Investigan a Zapatero por el cobro de dos millones de euros en comisiones
La investigación apunta a comisiones millonarias y posibles operaciones de blanqueo vinculadas al rescate aéreo
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La investigación desarrollada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, bajo la dirección del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, atribuye al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero presuntos delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales relacionados con el rescate público de la aerolínea Plus Ultra.
Según las pesquisas, Zapatero habría recibido, de manera directa o a través de la empresa Whathefav, vinculada a sus hijas, cerca de dos millones de euros en comisiones procedentes de distintas sociedades investigadas en el procedimiento.
El auto judicial señala que la empresa Análisis Relevante, propiedad del también investigado Julio Martínez Martínez, habría transferido 490.780 euros al expresidente y otros 239.755 euros a Whathefav. A estas cantidades se sumarían pagos efectuados por otras mercantiles como Gate Center y sociedades del grupo Thinking Heads, elevando el montante total presuntamente percibido hasta casi dos millones de euros.
La causa llegó a la Audiencia Nacional tras iniciarse en un juzgado de Madrid que investigaba el supuesto uso irregular del rescate de 53 millones de euros concedido por el Gobierno a Plus Ultra durante la pandemia. La investigación tiene su origen en una querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción.
El magistrado también aprecia indicios de una posible operativa internacional de blanqueo de capitales. Según el auto, se habría promovido la creación de una sociedad en Dubái denominada Landside Dubai Fzco o Landside Middle East Fzco, participada íntegramente por la empresa española Idella Consulenza Strategica.
De acuerdo con la investigación, esta sociedad habría sido diseñada para canalizar fondos fuera de España y dificultar su trazabilidad. El juez destaca la cercanía temporal entre la firma de un contrato que otorgaba a Idella el derecho a cobrar el 1% del rescate de Plus Ultra —unos 530.000 euros— y la constitución posterior de la empresa en Dubái.
La resolución judicial sostiene que existen indicios de una estructura societaria y financiera internacional creada presuntamente para ocultar el origen y destino de fondos investigados, utilizando sociedades instrumentales en jurisdicciones de baja transparencia.
Pese a autorizar el registro de la oficina utilizada por Zapatero y de otras sociedades investigadas, el juez rechazó la entrada y registro en el domicilio particular del expresidente al considerar que existen vías alternativas para obtener la documentación necesaria y que no concurren, por el momento, los requisitos legales suficientes para intervenir la vivienda privada.
