La cruda realidad de la vivienda pública con Pedro Sánchez: mínimos históricos de la democracia

La vivienda protegida terminada durante su mandato queda muy lejos de los ritmos registrados en las décadas anteriores

La vivienda pública en España acumula más de una década en horas bajas, pero los registros históricos del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana certifican una realidad inédita desde la Transición: el volumen acumulado de Vivienda de Protección Oficial (VPO) terminada durante el mandato de Pedro Sánchez alcanza los mínimos de la democracia. Desde que tomó posesión en 2018, se han finalizado algo menos de 80.000 inmuebles protegidos, una cifra que representa apenas el 3 % del total edificado desde los años ochenta y que arroja un promedio cercano a las 10.000 viviendas al año.

​El contraste con periodos anteriores resulta contundente. La etapa de Felipe González registró el máximo histórico con más de un millón de pisos terminados y una media superior a las 75.000 unidades anuales. Los gobiernos de José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero mantuvieron ritmos elevados, rozando el medio millón de inmuebles en cada mandato, impulsados por la expansión del sector inmobiliario. La tendencia inició un acusado declive tras la crisis financiera de 2008, cuando el periodo de Mariano Rajoy cerró con unas 105.000 VPO finalizadas, una dinámica descendente que no se ha revertido en los últimos seis años.

​Sin embargo, achacar esta contracción de forma exclusiva a la gestión del Ejecutivo central no refleja la complejidad del mapa territorial español. Según el artículo 148 de la Constitución, las competencias directas en materia de urbanismo, suelo y promoción de vivienda pública corresponden a las comunidades autónomas y a las entidades locales. El Ministerio de Vivienda actúa principalmente como marco financiero y normativo mediante los Planes Estatales de Vivienda o la liberación de suelos públicos gestionados por la Entidad Estatal de Suelo (Sepes).

​A pesar del anuncio de grandes iniciativas gubernamentales para movilizar parcelas del Ministerio de Defensa o incorporar activos de la Sareb al alquiler asequible, el proceso administrativo para urbanizar y construir requiere plazos de entre cuatro y seis años. Esta dilatación burocrática explica por qué los nuevos proyectos aún no se reflejan en la estadística oficial de obra terminada. Mientras tanto, España mantiene un parque de vivienda social que apenas ronda el 2,5 % del total nacional, muy lejos de la media europea superior al 9 %, dejando la escasez de oferta protegida como uno de los principales frentes de debate social y económico del país.