La gran hipocresía sobre vivienda: Sánchez firma un 'megacontrato' con el fondo al que llamó 'buitre'
Blackstone gestionará activos de la Sareb por 52,45 millones mientras el Gobierno endurece su ofensiva contra estos fondos
- Lancelot Digital
El discurso del Gobierno contra los denominados "fondos buitre" choca con una de las últimas grandes adjudicaciones vinculadas a la vivienda pública. La Sareb, controlada mayoritariamente por el Estado, ha cerrado un contrato de 52,45 millones de euros con Aliseda, gestora inmobiliaria controlada por Blackstone, uno de los fondos que Pedro Sánchez ha situado públicamente bajo esa denominación.
La operación resulta especialmente llamativa por producirse en plena ofensiva política del Ejecutivo contra este tipo de inversores. "Me gusta ser traidor a los fondos buitre", afirmó recientemente Sánchez, mientras la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, defendía que "o se está con los buitres o con la gente".
Sin embargo, Aliseda tendrá un papel relevante precisamente en la gestión de vivienda. El contrato arrancó en septiembre y estará vigente hasta diciembre de 2028, con posibilidad de prorrogarse hasta 2030. Entre sus funciones estará la gestión integral de activos inmobiliarios de Sareb, incluyendo viviendas, locales y suelos.
La compañía también administrará alquileres, elaborará informes sobre impagos e inquilinos vulnerables y gestionará situaciones de ocupación, siempre siguiendo las instrucciones marcadas por Sareb. Además, participará en la preparación de inmuebles destinados a incorporarse a Casa 47, la nueva empresa pública de vivienda.
La adjudicación adquiere mayor dimensión porque Sareb tiene reservadas más de 40.000 viviendas para su futuro traspaso a Casa 47, dentro de la estrategia gubernamental para ampliar el parque público.
El contraste llega justo cuando el Ejecutivo vuelve a endurecer su política frente a la inversión especulativa en vivienda. El nuevo decreto aprobado esta semana amplía hasta 2030 las restricciones a determinadas adquisiciones por debajo del valor de mercado y extiende las limitaciones a grandes tenedores.
Así, mientras el Gobierno eleva el tono contra los "fondos buitre", una empresa controlada por Blackstone seguirá desempeñando un papel clave en la gestión de miles de activos inmobiliarios vinculados al Estado.
