La Justicia procesó a 30 personas por corrupción en tres meses en España
El 84,2% de las sentencias dictadas entre abril y junio fueron condenatorias, según el Consejo General del Poder Judicial
- Lancelot Digital
Los órganos judiciales españoles dictaron autos de apertura de juicio oral o de procesamiento contra 30 personas por delitos de corrupción durante el segundo trimestre de 2026. En ese mismo periodo, comprendido entre abril y junio, se dictaron 19 sentencias, de las que 16 fueron total o parcialmente condenatorias y tres absolutorias.
Así lo reflejan los últimos datos publicados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que sitúan en el 84,2% el porcentaje de sentencias condenatorias en procedimientos relacionados con la corrupción pública.
Las 30 personas procesadas o enviadas a juicio están vinculadas a seis procedimientos judiciales. Todas ellas son personas físicas, ya que durante este periodo no se dictó ningún auto de procesamiento o apertura de juicio oral contra personas jurídicas.
Andalucía concentra la mayoría de los procesados
Por comunidades autónomas, Andalucía registró el mayor número de personas procesadas o enviadas a juicio, con 21 implicados en dos procedimientos. Le siguieron Extremadura, con cuatro personas; Madrid, con tres; y Murcia, con dos.
En Canarias no se registraron nuevos autos de procesamiento o apertura de juicio oral por delitos de corrupción durante estos tres meses.
Sin embargo, los tribunales del Archipiélago sí dictaron una sentencia parcialmente condenatoria en este tipo de procedimientos.
En el conjunto de España, de las 19 sentencias dictadas, siete fueron condenatorias con conformidad de los acusados, ocho condenatorias sin conformidad, una parcialmente condenatoria y tres absolutorias.
Delitos relacionados con el ejercicio de cargos públicos
El informe del CGPJ se centra en la denominada corrupción pública, que incluye delitos cometidos por funcionarios, gobernantes y responsables políticos en el ejercicio de sus funciones.
Entre las conductas analizadas figuran la prevaricación, el cohecho, el tráfico de influencias, la malversación de fondos públicos, los fraudes y las actividades prohibidas a funcionarios.
Los datos forman parte del repositorio público de procedimientos por corrupción del Consejo General del Poder Judicial, una herramienta creada en 2017 que se actualiza trimestralmente para facilitar el seguimiento de la actividad judicial relacionada con estos delitos.
