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Nueva tarifa regulada de la luz en España

Aunque el Consejo de Ministros ya la ha aprobado, no será "plenamente efectiva" hasta principios de 2024

 

  • Lancelot Digital
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    El Consejo de Ministros aprobó esta semana la reforma de la tarifa regulada de la luz, el denominado Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), que “reflejará” la propuesta que se envió al Consejo de Estado para su aprobación y que “no será plenamente efectiva hasta principios de 2024”.

     

    Así lo indicó ayer la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, en declaraciones a la prensa a su llegada a la jornada ‘España en la Europa del siglo XXI’ organizada por la consultora Hill+Knowlton, tal y como publica Diario de Avisos.

     

    Ribera señaló que el objetivo de esta reforma de la tarifa regulada es la de “reducir la volatilidad” que se ha registrado en episodios como los vividos el año pasado con la crisis energética por la invasión de Ucrania por Rusia y que el documento que recibirá luz verde apenas introducirá las recomendaciones que hizo la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y “reflejará puntualmente” lo que se envió al Consejo de Estado.

     

    “Esta tarifa directamente vinculada al precio del mercado mayorista ha sido la tarifa más conveniente desde que se implantó, pero con las turbulencias del año pasado, nos dimos cuenta que era también enormemente insegura si se podía volver a vivir, ojalá no, un episodio como el de 2022”, dijo.

     

    De esta manera, la nueva PVPC introducirá factores de corrección, “haciendo que esa tarifa refleje en una muy buena parte el precio del mercado diario, pero también los precios que reflejan los mercados a futuro, a tres meses, a un año, y con esto se reduce la volatilidad”, añadió.

     

    No obstante, Ribera reconoció que se dará un periodo de transición a los operadores para que puedan ir adquiriendo su energía en el mercado y, por tanto, la nueva tarifa regulada “no será plenamente efectiva hasta principios de 2024”.

     

    En octubre del año pasado, el Gobierno ya presentó su propuesta de Real Decreto para reducir esa volatilidad de la tarifa regulada, dando mayor peso a las referencias a los mercados de futuros, que crecerán progresivamente hasta representar el 55% en 2025.

     

    Así, se prevé incorporar a la fórmula de cálculo del PVPC -contratada por los titulares de unos nueve millones de puntos de suministro, el 35% del país- una cesta de precios a medio y largo plazo para evitar las fuertes oscilaciones, sin perder las referencias de precios a corto plazo que fomentan el ahorro y el consumo eficiente.

     

    Indexado a los precios diarios del Mercado Ibérico de la Electricidad (Mibel), el PVPC fue la opción más barata para los pequeños consumidores desde su creación en 2014. Sin embargo, esta relación directa con los precios mayoristas a corto plazo ha llevado a que sus variaciones, con acusados picos y alzas por la guerra en Ucrania en los últimos tiempos, se reflejen automáticamente en las facturas finales.

     

    De esta manera, se pretende reducir progresivamente la vinculación del PVPC al mercado diario y se tendrán en cuenta los precios más estables que ofrecen los mercados a plazo del Mibel, donde se adquiere energía con antelación en distintos horizontes temporales futuros.

     

    Para ello, la oscilación de precios -la variación entre el registro máximo y el mínimo- se reduce un tercio, pasando del 27% al 17% durante la jornada diaria, y del 23% al 16% en la media mensual durante el año completo.

     

    Además, los precios diarios del Mibel representan el 100% de la referencia del PVPC y ahora esa proporción se irá reduciendo progresivamente, para incorporar las referencias de los mercados de futuros, de modo que éstos representen el 25% en 2023, el 40% en 2024 y el 55% en 2025.

     

    La aprobación de esta nueva PVPC es uno de los compromisos del Gobierno con la Comisión Europea cuando se recibió el visto bueno a la aplicación de la denominada ‘excepción ibérica’ para España y Portugal.

     

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