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Pedro Sánchez quiere subir un 9,5% el sueldo de los funcionarios

 

Además quiere establecer la la implantación plena de la jornada laboral de 35 horas semanales

  • Lancelot Digital
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    El Gobierno ha ofrecido este jueves a los sindicatos de la Función Pública una nueva propuesta salarial que contempla una subida del 9,5% entre 2022 y 2024, según han informado fuentes de la negociación tras la reunión.

     

    El desglose de ese 9,5% quedaría dividido en un 1,5% retroactivo para este 2022, que se suma al 2% que ya han obtenido los funcionarios públicos en este ejercicio.

     

    Para 2023, el Ejecutivo propone un incremento del 2,5% fijo, más dos variables, que contemplan un 0,5% vinculado al IPC acumulado de 2022 y 2023, siempre que este supere el 6%, más otro 0,5% vinculado al PIB, en caso de que sobrepase el 5,9%.

     

    En 2024, los funcionarios, según esta propuesta, recibirían una subida fija del 2%, más un 0,5% adicional si el IPC acumulado de 2022, 2023 y 2024 supera el 8%.

     

    Al margen de las cuestiones salariales, la propuesta del Gobierno para el conjunto de las Administraciones Públicas, incluido el sector público empresarial, establece la eliminación de la limitación que impide la implantación plena de la jornada laboral de 35 horas semanales, la plena aplicación de la clasificación profesional del artículo 76 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (Trebep), la aplicación de la clasificación profesional adaptada a las nuevas titulaciones (grupo B) y la derogación de los recortes del Real Decreto Ley 20/2012.

     

    Asimismo, alude a la jubilación anticipada, la tasa de reposición, la implementación de las medidas de igualdad, la negociación sindical de la digitalización y modernización de las Administraciones Públicas, y la negociación de la atracción y retención del talento en las Administraciones Públicas.

     

    En lo que respecta a la Administración General del Estado (AGE), el Gobierno se compromete a la puesta en marcha efectiva del teletrabajo, a la negociación del contenido de la Ley de Función Pública de la AGE, las retribuciones y negociación colectiva para el personal del Servicio Exterior, a la revisión del modelo de centros penitenciarios y relación de puestos de trabajo (RPT), y a la revisión de los gastos de desplazamiento, como han informado fuentes de la negociación

     

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