Sánchez aprueba una oferta de empleo público para 2023 a 12 días de las elecciones generales
El acuerdo de 39.574 plaza se pactó con CSIF y UGT, y tuvo el rechazo de CCOO
La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha confirmado este miércoles la aprobación de una Oferta de Empleo Público (OEP) para 2023 de 39.574 plazas. El anuncio se produce a poco más de una semana de las elecciones generales.
"Es muy trascendente que sigamos apostando por ese empleo público de calidad, que cuente con recursos suficientes. Nuestro objetivo es seguir avanzando en ese camino", ha dicho Montero en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, tal y como publica El Español-Diario de Avisos.
De las 39.574 plazas aprobadas este martes, 27.246 serán para turno libre. Dentro de ellas, 18.621 se corresponden con la reposición de efectivos, mientras que sólo 8.625 representan creación de empleo neto. Para la promoción interna, Hacienda garantiza 12.328 plazas.
La mayor parte de esas cerca de 40.000 vacantes se convocarán en la Administración del Estado, con 29.818 puestos. Las Fuerzas Armadas contarán con 2.141 vacantes.
Hacienda ha concedido al Cuerpo Nacional de Policía 2.833 plazas, de las que 2.600 serán para nuevo ingresos. La Guardia Civil tendrá 2.875, con 2.520 de nuevo ingreso.
Tras las huelgas y paros en Justicia, Hacienda ha aprobado para este colectivo 1.907 plazas, la mayor oferta de los últimos siete años, según el ministerio.
Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) 2023 contemplaban una tasa de reposición general del 110%. En el caso de los sectores prioritarios, como la Sanidad, la Educación o la Ciencia, se elevaba al 120%, y al 125% para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Montero ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que la OEP 2023 también incorporará novedades para agilizar los procesos. Todas las convocatorias tendrán que estar convocadas antes del 31 de diciembre de este año.
Además, todos los procesos, tanto de convocatoria, como de exámenes y alegaciones, tendrán que estar culminados antes de que transcurran dos años. Los nuevos plazos que marca Hacienda exigen que la fase de oposición tenga una duración máxina de nueve meses, con un máximo de cuatro pruebas.
"Tratamos de corregir algo que hemos detectado y que se venía produciendo de forma endémica, como ha sido el retraso excesivo tanto en la convocatoria como en los exámenes. Son demandas históricas de los opositores", ha recalcado la ministra.
Del mismo modo, Función Pública prevé profesionalizar los órganos de selección y se compromete a seguir descentralizando las pruebas, con la posibilidad de convocar una distribución territorial de plazas.
