Un jurado popular juzgará a la mujer de Pedro Sánchez
Begoña Gómez se sentará en el banquillo por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación
- Lancelot Digital
La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado que Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, será juzgada por un jurado popular por los presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.
Los magistrados avalan así la decisión adoptada por el juez Juan Carlos Peinado de remitir la causa a los trámites del procedimiento ante un tribunal del jurado. Gómez será juzgada junto a Cristina Álvarez, su asesora en Moncloa, mientras que el empresario Juan Carlos Barrabés queda fuera de este procedimiento.
En un auto de 63 páginas, la Audiencia Provincial mantiene la acusación contra Gómez por los delitos de tráfico de influencias y malversación, pero archiva para ella la imputación por corrupción en los negocios.
El tribunal también ha dejado sin efecto las medidas cautelares que pesaban sobre Begoña Gómez y Cristina Álvarez. De este modo, ambas podrán salir del territorio nacional y recuperan sus pasaportes, además de quedar exentas de la obligación de comparecer periódicamente ante el juzgado.
No obstante, deberán permanecer a disposición del juez o del tribunal que presida el procedimiento, comunicar cualquier cambio de domicilio o paradero y comparecer siempre que sean requeridas.
La decisión fue adoptada después de que la Sección 23 de la Audiencia Provincial estudiara los recursos presentados contra la decisión de Peinado de transformar la causa y enviarla por los trámites del jurado popular.
La defensa de Begoña Gómez, ejercida por el exministro de Justicia Antonio Camacho, había solicitado la nulidad de varias decisiones adoptadas durante la instrucción. En sus escritos, la representación de la esposa del presidente sostenía que la investigación se apoyaba en «conjeturas y presunciones» y cuestionaba la elección del procedimiento del jurado popular.
La defensa consideraba que esta decisión suponía una «manifiesta ablación del derecho fundamental al juez predeterminado por la ley».
