Ceuta y Canarias: reflejo de inacción

Por Jacobo Medina, vicepresidente de la FEMP de Inmigración e Inclusión Social

Lo que está ocurriendo en Ceuta debería hacernos reflexionar a todos. No solo a quienes tenemos responsabilidades políticas, sino al conjunto de la sociedad española. Porque Ceuta no es un territorio aislado, ni lo que sucede allí puede entenderse únicamente como un problema de la ciudad autónoma. Ceuta es España y es frontera de Europa, de la misma manera que lo es Canarias. Y quienes conocemos de cerca la realidad de nuestras islas sabemos que cuando la presión migratoria aumenta de manera extraordinaria, las consecuencias terminan repercutiendo directamente sobre los servicios públicos, sobre los municipios y sobre los ciudadanos.

Como vicepresidente de la FEMP de Inmigración e Inclusión Social, considero que debemos abordar esta cuestión desde la responsabilidad, el diálogo y el consenso, pero también desde la sinceridad. Y la realidad es que España lleva demasiado tiempo gestionando la inmigración desde la emergencia, reaccionando cuando los problemas ya se han desbordado, en lugar de anticiparse a ellos. Ceuta está viviendo ahora una situación que Canarias lleva años advirtiendo. Nuestros territorios han pedido recursos, coordinación y corresponsabilidad, y no podemos aceptar que la respuesta del Estado llegue siempre cuando la situación ya ha alcanzado un punto crítico.

No se trata de cuestionar la dignidad de las personas que llegan ni de negar la obligación de España de atenderlas conforme a la ley y con todas las garantías. Precisamente porque hablamos de personas, necesitamos una política migratoria seria, ordenada y sostenible. Una política que permita proteger a quienes llegan, especialmente a los menores, pero que también garantice la capacidad de los territorios de acogida para atender esta realidad sin poner al límite sus recursos. Humanidad y responsabilidad no son conceptos incompatibles. Al contrario, deberían ser las dos caras de una misma política.

Lo que resulta difícil de comprender es que el Gobierno de España parezca actuar siempre cuando la situación ya es extraordinaria. Pedro Sánchez no puede limitarse a reaccionar ante las crisis. España necesita que el Gobierno se anticipe, que planifique y que establezca mecanismos permanentes para responder a una realidad que no es nueva. La presión migratoria no empezó ayer y, por tanto, no podemos seguir tratando cada episodio como si fuera inesperado.

Ceuta nos está mostrando algo que deberíamos tener muy presente: ningún territorio puede afrontar en solitario una situación que afecta directamente a las fronteras de España. Y esto también debería servir como advertencia para Canarias. Lo que hoy ocurre en Ceuta puede mañana volver a intensificarse en las islas o producirse en cualquier otro punto de nuestra geografía. No podemos esperar a que cada territorio llegue al límite de sus capacidades para que el Estado reaccione.

Los ayuntamientos y las administraciones locales queremos colaborar. Queremos formar parte de la solución y estamos dispuestos a trabajar desde el diálogo y la cooperación institucional. Pero para ello necesitamos recursos, coordinación y, sobre todo, sentir que detrás de nosotros existe un Estado que asume su responsabilidad. No podemos convertir a los municipios en los últimos responsables de una política migratoria cuyas principales decisiones corresponden al ámbito nacional y europeo.

Por eso creo que ha llegado el momento de pasar de las palabras a los hechos. España necesita una verdadera política de Estado en materia de inmigración, con una estrategia clara para el control de las fronteras, cooperación con los países de origen y tránsito, mecanismos de retorno cuando legalmente corresponda, protección de los menores y una distribución equilibrada de los esfuerzos entre las distintas administraciones y territorios.

Desde mi responsabilidad en la FEMP seguiré defendiendo el diálogo y el consenso, porque una cuestión de esta magnitud no puede convertirse permanentemente en una batalla partidista. Pero el consenso no puede significar silencio, ni el diálogo puede sustituir a la gestión. También desde las instituciones tenemos la obligación de decir cuando creemos que las cosas no se están haciendo suficientemente bien.

Ceuta y Canarias son dos territorios diferentes, pero comparten una misma condición: estar en primera línea. Por eso lo que sucede en Ceuta debe importarnos a todos. Debe servirnos para aprender, para anticiparnos y para evitar que otros territorios tengan que vivir mañana una situación similar.

Porque cuando una frontera española está bajo presión, no es solo Ceuta quien necesita una respuesta. Cuando Canarias reclama ayuda, no es solo Canarias quien la necesita. Es España la que tiene que responder.

Y esa respuesta no puede llegar siempre tarde.