Cómo funcionan las mafias de la inmigración ilegal hacia Canarias y el problema de los MENAs
Por Bruno Perera
La llegada de menores extranjeros no acompañados (MENAs) a Canarias se ha convertido en uno de los fenómenos migratorios más complejos de los últimos años. Detrás de este problema existe una combinación de factores ilegales, legales, sociales y criminales que explican por qué cada vez llegan más menores a las costas españolas.
Cómo se identifica a un menor cuando llega sin documentos
Muchos menores llegan a España sin pasaporte ni documentación. En estos casos las autoridades siguen varios pasos para intentar identificarlos.
Primero, el propio menor declara su nombre, edad, país y lugar de origen. Estos datos se registran inicialmente por la policía aunque no existan pruebas que los confirmen. (Por tales actuaciones se hacen registros falsos de MENAs)
Si existen dudas sobre la edad, interviene la fiscalía y se pueden realizar pruebas médicas, como radiografías óseas o dentales, que permiten estimar la edad aproximada. Sin embargo, estas pruebas tienen un margen de error de uno o dos años.
Mientras se investiga su situación, el menor o supuesto menor pasa al sistema de protección de menores. En Canarias la tutela corresponde al Gobierno autonómico.
El problema es que, si el menor o supuesto menor no tiene documentos, la identidad inicial suele basarse únicamente en lo que él mismo declara.
El problema de las identidades falsas
Cuando no hay documentación, es posible que se registren identidades falsas. Un menor o un supuesto menor puede declarar un nombre, una edad o una nacionalidad que luego resultan difíciles de comprobar.
Esto provoca que algunos migrantes aparezcan con identidades diferentes en distintos países europeos o que se descubra posteriormente que la nacionalidad declarada no era correcta. Desde esta perspectiva no se entiende cómo un MENA que haya sido registrado con nombre y nacionalidad falsas pueda después de cumplir la mayoría de edad reclamar el derecho de agrupación familiar. Aquí hay gato encerrado.
Un problema similar surge cuando algunos menores extranjeros no acompañados declaran proceder de países en guerra y solicitan asilo político basándose únicamente en su propia declaración, sin aportar documentos u otras pruebas que respalden realmente su identidad o su situación. Esta falta de verificación inicial puede complicar mucho la comprobación de los hechos y la correcta gestión de sus solicitudes.
Por qué es difícil repatriarlos
La repatriación de menores es complicada por razones legales.
Los países de origen, como Marruecos o varios Estados del África occidental, exigen confirmar que la persona es realmente ciudadano suyo y que existe una familia o tutor que pueda hacerse cargo del menor.
Si el país de origen no confirma la identidad, la repatriación simplemente no se realiza.
En algunos casos se han organizado misiones de identificación en las que funcionarios del país de origen entrevistan a los menores y analizan su dialecto o sus datos familiares, pero estos procedimientos no se realizan de forma sistemática.
El papel de las mafias
Las redes de tráfico de personas que operan entre África y Europa suelen preparar a los migrantes antes del viaje.
Entre las instrucciones más habituales están:
- decir que son menores de edad
- memorizar una identidad concreta
- declarar nacionalidades difíciles de repatriar
- no mencionar a las mafias que organizaron el viaje
- destruir o esconder cualquier documento.
También les recomiendan memorizar números de teléfono de supuestos familiares en Europa o, en algunos casos, solicitar asilo para retrasar posibles devoluciones.
Por qué las mafias envían menores
Las mafias han descubierto que enviar menores aumenta las probabilidades de que puedan permanecer en Europa.
Los menores o supuestos menores no pueden ser expulsados fácilmente y pasan al sistema de protección, donde reciben alojamiento, alimentación, educación y atención médica.
Además, muchos pueden solicitar permisos de residencia cuando cumplen 18 años si han estado bajo tutela administrativa.
Por esta razón las redes criminales prefieren enviar jóvenes que puedan pasar por menores, normalmente entre 16 y 20 años.
El problema de los adultos que se declaran menores
En algunos casos personas adultas declaran tener 16 o 17 años para acceder al sistema de protección de menores.
Cuando existen sospechas se realizan pruebas médicas para estimar la edad, pero estas pruebas no siempre permiten una conclusión completamente segura. Si existe duda, la ley suele aplicar el principio de protección del menor.
Por qué aumentaron las llegadas a partir de 2020
El aumento de llegadas a Canarias desde 2020 se explica por varios factores.
Uno de los principales fue el cierre o endurecimiento de otras rutas migratorias hacia Europa, especialmente en el Mediterráneo. Esto hizo que las mafias reforzaran la llamada ruta atlántica hacia Canarias.
También influyeron la pandemia de COVID, el aumento de la presión migratoria en países del África occidental y la estrategia de las redes de tráfico de enviar más menores.
Cuánto dinero mueve este negocio
El tráfico de migrantes hacia Canarias se ha convertido en un negocio extremadamente lucrativo.
Un migrante suele pagar entre 1.000 y 3.000 euros por el viaje en cayuco. En algunos casos el precio puede ser menor o superar esa cantidad dependiendo de la ruta.
Un cayuco con alrededor de 100 pasajeros puede generar unos ingresos de unos 120.000 euros. Incluso después de pagar gastos como combustible, embarcación, reclutadores o el patrón del barco, las redes criminales pueden obtener beneficios de entre 70.000 y 90.000 euros por viaje.
El patrón de la embarcación suele cobrar entre 3.000 y 6.500 euros por patronear el cayuco.
En muchos casos las familias africanas venden tierras, ganado o propiedades para pagar el viaje de un hijo, al que consideran una inversión para el futuro.
Final
La llegada de menores a Canarias no es un fenómeno simple. Es el resultado de la combinación de varios factores: las ventajas legales que tienen los menores en Europa, las dificultades para verificar identidades sin documentos, las estrategias de las mafias y la fuerte presión migratoria en África occidental.
Todo ello ha convertido la ruta atlántica hacia Canarias en uno de los negocios ilegales más rentables para las redes de tráfico de personas.
Nota y posible solución
Cuando un país como Marruecos afirma que según sus leyes no puede recibir a menores extranjeros no acompañados (MENAs) porque no se ha demostrado que sean ciudadanos suyos, en muchos casos no se trata tanto de una verdadera dificultad para comprobar la nacionalidad, sino de una forma de evitar su repatriación.
Mientras esos menores permanecen en Canarias bajo tutela administrativa, son las instituciones españolas quienes asumen el coste de su atención y mantenimiento.
Si realmente existiera una voluntad clara de repatriar a esos menores, una posible solución sería que los países de origen enviaran a las islas equipos de identificación —por ejemplo, gendarmes o funcionarios especializados— que pudieran entrevistar a los MENAs y comprobar su procedencia mediante interrogatorios, dialectos, datos familiares, números de teléfonos o referencias geográficas.
Este tipo de misiones de identificación permitiría aclarar muchos casos de identidad dudosa. Sin embargo, rara vez se realizan de forma sistemática, lo que alimenta la sospecha de que algunos países prefieren que los menores permanezcan en Europa, mientras continúan llegando nuevos migrantes y se mantienen programas de cooperación o ayudas económicas procedentes de España y de la Unión Europea hacia países africanos desde los cuales nos envían inmigrantes ilegales.
Y en todo esto, lo más trágico es que durante más de treinta años de inmigración ilegal hacia Canarias y la península, las administraciones públicas han destinado cantidades enormes de dinero a gestionar este fenómeno: gasto en acogida, gasto en control fronterizo, cooperación con África, y programas europeos.
Entre estos gastos sobre todo los de tutela de inmigrantes ilegales y subvenciones entregadas a países africanos de donde parten muchas de estas rutas migratorias, el Gobierno de Canarias, el Gobierno de España y la Unión Europea han llegado a despilfarrar más de 30.000 millones de euros.
Para comprender la magnitud de esa cifra basta una comparación sencilla: con ese dinero se podrían haber construido unas 300.000 viviendas sociales de tres habitaciones, valoradas aproximadamente en 100.000 euros cada una, siempre que el suelo y los permisos fueran aportados por las administraciones públicas.
Es decir, recursos suficientes para mejorar de forma directa la vida de cientos de miles de familias que hoy siguen teniendo dificultades para acceder a una vivienda digna.
Y para más INRY; mientras todo esto sucede, mafias africanas y también redes que operan desde España, junto con numerosas oenegés, viven de un sistema corrupto que se alimenta del dinero público. Un dinero que sale del bolsillo de los ciudadanos.
Y lo más curioso es que, cuando alguien se atreve a denunciar esta situación o a pedir que se investigue y se gestione con más rigor, enseguida aparece la descalificación fácil: te llaman racista para intentar silenciarte.
Pero la realidad es otra. Defender que se diga la verdad, exigir transparencia y pedir que se protejan primero los intereses de los ciudadanos no es racismo; es simplemente reclamar responsabilidad y justicia.
